La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró este jueves emergencia nacional en materia de seguridad, ante la «delincuencia» y delitos de «extorsión» en el país centroamericano.
«Declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas donde se amerite», dijo la mandataria.
Castro señaló que ese estado de emergencia servirá para fortalecer la «recuperación inmediata» de espacios públicos controlados por el crimen organizado.
La medida fue anunciada durante el lanzamiento del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.
«Este Gobierno socialdemocrático le declara la guerra a la extorsión […]Mi compromiso es brindarle la seguridad que demanda el pueblo hondureño y vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria», enfatizó en el evento.
Para la mandataria, la extorsión «es el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras» y «está afincada en diferentes áreas» del país.
Añadió que ese delito «es una de las principales causas de inseguridad, migración, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y mediadnos negocios».
Durante su discurso, la mandataria comentó que en los últimos 12 años Honduras «fue víctima de la imposición de un cártel de narcotráfico desde el Estado mismo», organización que habría permeado las instituciones y elevado la violencia en el país.
«Producto de la impunidad en la que hemos vivido, estos grupos ampliaron sus alcances», indicó.
El plan
Héctor Gustavo Sánchez, director de la Policía de Honduras, comentó que el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos «está enmarcado en el Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026, que establece como tercer eje estratégico el combate frontal e inteligente al delito de extorsión y lavado de activos».
«El alcance está orientado al abordaje integral de la problemática de la extorsión, involucrando no solo a la Policía Nacional, sino, a diferentes instituciones y operadores de justicia que tienen que unir los esfuerzos para enfrentar la problemática», mencionó.
