La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil pidió este jueves a la Justicia Federal bloquear 6,5 millones de reales (1,2 millones de dólares) en bienes de 52 personas y siete empresas, cuyos nombres no han sido divulgados, que financiaron el transporte a los manifestantes que participaron el domingo en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Los ataques, que representaron el mayor ataque contra la democracia desde el fin de la dictadura, provocaron graves destrozos en el patrimonio histórico y artístico y en los espacios privados en los que trabajan a diario las máximas autoridades brasileñas.
Según la AGU, el monto bloqueado se utilizará para reparar los daños causados.
Desde el domingo, cerca de 1.500 personas han sido detenidas por participar en los asaltos. La Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal informó que 904 hombres y 494 mujeres han sido trasladados a distintas prisiones.
«Mucha gente connivente»
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aseguró este jueves estar convencido de que la policía y los militares dejaron que los manifestantes invadieran el Palacio de Planalto.
«Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que la gente entrara porque no hay ninguna puerta rota. Significa que alguien facilitó su entrada. Vamos a investigar con mucha calma y ver qué pasó realmente», destacó.
Lula dijo que quiere ver los videos que se grabaron dentro de los edificios. «Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes», aseveró.
