El Parlamento israelí aprobó el proyecto de ley en segunda y tercera lectura.
Israel ha aprobado este miércoles una legislación que permite despojar de la ciudadanía o del permiso de residencia a los árabes condenados por terrorismo, siendo después deportados a Cisjordania o la Franja de Gaza. La medida se aplicará solo en aquellos casos en los que se demuestre que la persona recibió asistencia financiera de la Autoridad Palestina.
Los parlamentarios israelíes aprobaron el proyecto de ley en segunda y tercera lectura. En la última votación, solo 10 legisladores se pronunciaron en contra, mientras que 94 votaron a favor.
El permiso de residencia permanente será revocado por el ministro del Interior, previa consulta con los consejeros y con el consentimiento del ministro de Justicia. La revocación de la ciudadanía israelí se efectuará solo después de la correspondiente decisión judicial, a solicitud del ministro del Interior.
En los comentarios al proyecto de ley se explica que «muchas personas que poseen la ciudadanía israelí o el estatus de residente actualmente reciben salarios mensuales de la Autoridad Palestina en concepto de sueldos y compensación por cometer ataques terroristas».
«Estos salarios aumentan gradualmente en función de la duración del encarcelamiento de la persona. Es inconcebible que los ciudadanos y residentes israelíes que no solo han traicionado al Estado y a la sociedad israelí, sino que, además, han aceptado recibir pagos de la Autoridad Palestina como salarios por cometer un ataque terrorista y seguir beneficiándose de ello, sigan manteniendo la ciudadanía israelí o el estatus de residente», argumentaron los autores de la iniciativa.
El diputado opositor Ahmad Tibi criticó la nueva ley, que tachó de «populista» y «draconiana», enmarcándola en el racismo de la política israelí. «Existe el principio de que el contrato entre el Estado y el ciudadano es la ciudadanía, pero el sentimiento de la supremacía judía dentro de una gran parte de esta Cámara dice que la ciudadanía es un contrato entre el Estado y el ciudadano solo para los judíos«, declaró.
«Un árabe que comete un delito es un ciudadano condicional. Si un judío comete el mismo delito, o uno más grave, ni siquiera piensan en revocar su ciudadanía. Por ejemplo, Yigal Amir asesinó a un primer ministro, y no solo no le revocaron su ciudadanía, sino que ni siquiera fue sugerido», expresó en referencia al autor del magnicidio de Isaac Rabin en 1995.
