La designación de los 15 magistrados del máximo tribunal de Justicia también ha generado críticas de los sectores que consideran que no se respetó la meritocracia.
El Congreso de Honduras eligió a los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una votación que ha sido catalogada de histórica porque puso fin a la postulación bipartidista.
Un total de 117 diputados votaron a favor de los quince magistrados propuestos, mientras que nueve votaron en contra y uno se abstuvo. La lista fue presentada por el congresista Mario Segura, del Partido Liberal.
Luego de la elección, los 15 togados fueron juramentados. Posteriormente, el pleno de la CSJ se reunió y eligió como la presidenta del Supremo a Rebeca Lizette Ráquel Obando, que también tomó juramento del cargo.
Con esta decisión, el máximo tribunal quedó compuesto por una mayoría femenina, pues ocho miembros son mujeres y siete son hombres, de los cuales, uno pertenece a la etnia garífuna, una comunidad afrodescendiente.
Para alcanzar esta votación mayoritaria hubo un acuerdo previo entre las tres bancadas del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), del opositor Nacional y del Liberal. En el proceso hubo tensiones para alcanzar los acuerdos ante los señalamientos de falta de independencia y preponderancia de los intereses políticos, recoge El Heraldo.
Los integrantes del Supremo son: Sonia Marlina Dubón, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz, Francisca Villela Zavala, Rubenia Galeano y Ráquel Obando, del Partido Libre; Gaudy Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Miranda y Luis Fernando Padilla, del Partido Nacional; y Odalys Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Nelson Danilo Mairena, por el Partido Liberal.
Con esta votación parlamentaria, el partido de Gobierno no tendrá la mayoría en el Supremo.
Reacciones
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, felicitó al Congreso por la nueva CSJ, a la que calificó de «multipartidista, pluricultural, con visión de género y transparencia«.
Por su parte, la embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura F. Dogu, afirmó en un trino que «el trabajo duro comienza ahora para nuevos magistrados» porque se espera «que aplique las leyes con igualdad y en beneficio del país«.
Tras esta votación, algunas figuras públicas han manifestado su descontento. Una de ellas es el vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Juan Ángel López, quien afirmó en un trino que en el proceso no se respetó la meritocracia.
Otra voz que expresó su descontento fue la del diputado Tomás Ramírez, de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), que a pesar de haberse aliado con Libre en las presidenciales no pudo postular a ningún magistrado.
En un tuit, Ramírez aseveró que se había elegido a una Corte «a la medida de los partidos tradicionales y no a favor del pueblo».
En su discurso en el Parlamento le pidió perdón el pueblo hondureño por la elección. «Hoy no ganó Honduras, ganaron los partidos políticos, los grupos de poder, los que no quieren una CSJ independiente», dijo.
Un Supremo cuestionado
La Corte Suprema anterior, que cumplió el periodo 2016-2023, ha sido señalada en los medios de comunicación de ser «poco independiente» debido a que el Legislativo y el Ejecutivo han ejercido presiones sobre ella para que se tomen determinadas decisiones.
En el seno del Supremo explotó un escándalo por la presunta relación de magistrados con varios implicados en malversación de fondos, principalmente en el ‘Caso Pandora’, aunque les dictaron el sobreseimiento de sus causas.
Sin embargo, ya en 2012 se denunciaron irregularidades en el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), cuando el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y designó a otros en esos cargos en un proceso que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), no cumplió con el debido proceso y fue «inaceptable«. El mandatario había acusado a los togados de no aprobar las leyes que presentó al Legislativo.
En 2010, en el periodo de la CSJ correspondiente a 2009-2016, otros cuatro jueces fueron expulsados por el pleno del máximo tribunal porque manifestaron su desacuerdo con el golpe de Estado en contra del expresidente Manuel Zelaya y uno de ellos introdujo un recurso de amparo en contra de su expatriación.
