El gobierno de Lula decidió adelantar un mes el cierre del espacio aéreo en esa región, ante la «reducción significativa» de buscadores ilegales de oro.
Un grupo de mineros ilegales armados atentaron el jueves contra una base de protección instalada hace dos semanas por el gobierno brasileño en la reserva indígena amazónica yanomami, la mayor del país, azotada por una crisis sanitaria y ambiental como consecuencia de la intensa actividad extractiva.
Según el gobierno, «delincuentes armados rompieron el bloqueo establecido en el río Uraricoera y dispararon contra agentes del IBAMA», la agencia ambiental estatal con funciones policiales.
El tiroteo, que se saldó con uno de los mineros ilegales herido, detenido y hospitalizado, se desató cuando los agentes, desplegados por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para proteger la mayor reserva de Brasil, abordaron una de las siete embarcaciones detectadas por un dron con cargamento de minerales extraídos de la tierra indígena.
«Fue un ataque criminal programado. Todos los que intenten romper el bloqueo serán detenidos. Acabar con la minería ilegal es una determinación del presidente Lula», dijo el presidente del IBAMA, Rodrigo Agostinho.
Dos semanas después de asumir el poder el 1 de enero, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia sanitaria en esta reserva del tamaño de Portugal, habitada por unos 30.000 nativos y severamente golpeada por la desnutrición y enfermedades como la malaria, provocadas por la presencia de mineros ilegales que contaminan los ríos con mercurio.
Corredores aéreos
El mandatario, que ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad para proteger a los indígenas –víctimas en muchos casos de violaciones de los derechos humanos–, decretó la expulsión de los más de 20.000 mineros que operan en la reserva e impuso bloqueos por tierra, río y aire para evitar el tráfico de minerales y equipos para la extracción.
A pesar de que inicialmente dio plazo hasta el 6 de mayo para que los mineros puedan salir voluntariamente de la reserva, este jueves decidió adelantar un mes el cierre definitivo del espacio aéreo ante «la reducción significativa» de mineros en la reserva.
Es una medida «importante para desincentivar el tema de la minería ilegal», una actividad prohibida por la constitución brasileña, declaró el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro.
Por su parte, el titular de Justicia, Flávio Dino, advirtió que a partir de la semana que viene se «intensificarán las detenciones» de las personas que «están insistiendo» en quedarse en la reserva para extraer minerales. En las últimas semanas, muchos mineros huyeron a la desesperada por temor a ser detenidos.
Las autoridades han culpado directamente al expresidente Jair Bolsonaro del enorme avance de la minería ilegal y otros crímenes ambientales, en esa y otras reservas, debido a las políticas del ultraderechista y su retórica a favor del avance del agronegocio sobre las áreas protegidas durante sus cuatro años de mandato.
