La alianza oficialista que domina el Congreso de Guatemala, ha hecho suyo el proyecto del Aerometro, el cual consiste en un sistema de transporte público, para la capital y los municipios de la zona metropolitana, a través de un teleférico. Con mucho bombo, la IX Legislatura ha promovido el proyecto, sus supuestos beneficios y ventajas competitivas, pero poco ha dicho del capitalista hondureño que está detrás de Aerometro, un hombre cuestionado en Honduras por violaciones a los derechos humanos y vínculos poco claros con Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño investigado por narcotráfico.
El pasado 25 de enero, la cuenta oficial de Twitter de la IX Legislatura subía un vídeo promocional del Aerometro, el mismo día en que el Congreso conoció en segundo debate la Iniciativa 5934 para aprobar la implementación del proyecto.
Aerometro fue propuesto por el exalcalde capitalino Álvaro Arzú (fallecido) en 2015 y ha sido también proyecto emblema del alcalde Ricardo Quiñonez, heredero político de Arzú. A finales del año pasado, el Congreso retomó la discusión del teleférico, que se retrasó varias veces, entre otras cosas por la pandemia de Covid-19, y, a juzgar por el rápido avance de las discusiones, se apresta a aprobarlo en el corto plazo.
De acuerdo con las generales del proyecto desplegadas en la página web de la Municipalidad de Guatemala, Aerometro tendrá dos ejes que se extenderán desde la Plaza España, en la Zona 9 de la capital, hasta Molino de las Flores en Mixco. La ruta aérea cubrirá 9 kilómetros y tendrá 12 estaciones que se podrán recorrer en 28 minutos. Todo costará Q1,200 millones (unos US$156 millones) según el proyecto en manos del Congreso.
El 17 de noviembre de 2020, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala adjudicó el proyecto a un consorcio denominado Grupo Consolidado Solidario, constituido por cuatro empresas: Cablevía de Guatemala Sociedad Anónima, Desarrollos Torino Sociedad Anónima, Desarrollos Residenciales Victoria Sociedad Anónima y Doppelmayr Guatemala Sociedad Anónima, representadas por Carlos Alberto Nájera Esteban. Todas las empresas habían sido inscritas el 20 de julio de 2020, según consta en el contrato firmado por el acalde Quiñónez y Nájera el 8 de enero de 2021.
Detrás de la inversión está Lenir Pérez, un empresario hondureño que maneja una megacorporación nombrada EMCO Holdings, de acuerdo con un publirreportaje publicado en diciembre pasado en la revista Economía y Negocios y registros de propiedad y comerciales hondureños en poder de Prensa Comunitaria. En ese artículo, Pérez y EMCO aparecen relacionados con el proyecto Aerometro.
En su página de Facebook, Pérez escribió el 10 de septiembre de 2020 que el Consorcio Corporación Victoria-Alutech y Doppelmayr habían sido los únicos en presentarse a la licitación para el Aerometro de Guatemala con una oferta de US$144 millones. Alutech es la compañía más grande de EMCO Holdings.
Pérez, el dueño de EMCO y Alutech, ha sido denunciado por intentos de asesinato y acoso a líderes comunitarios en la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, donde cooperativas campesinas se han opuesto desde hace una década y media a proyectos mineros en los que Pérez y sus asociados tienen inversiones.
En 2013, los líderes comunitarios Roberto García Fúnez y César Adán Alvarenga denunciaron a Pérez y a otros empresarios y hacendados por actos de violencia, amenazas e intimidación encaminados a hacerlos desistir de su oposición un proyecto minero para extraer óxido de hierro en el norteño departamento de Atlántida. La empresa hondureña dueña de esa concesión minera es Inversiones Los Pinares, cuyos propietarios son Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé y también es propiedad de EMCO Holdings.
En un expediente del Ministerio Público hondureño, el MP-032-2013, al que Prensa Comunitaria tuvo acceso, consta una denuncia según la cual Pérez envió a sus colaboradores a intimidar a García Fúnez y Alvarenga, a quienes luego llevaron a una comisaría policial en la ciudad de Tela. Los dos líderes comunitarios también llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en 2012; el 3 de octubre de ese año, la CIDH otorgó medidas cautelares a ambos para prevenir “daños irreparables”.
Entre 2018 y 2019, el MP hondureño, dirigido por un fiscal nombrado por el entonces presidente Juan Orlando Hernández, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, acompañó la acusación a 8 comunitarios opuestos al proyecto minero a los que imputó de los delitos de privación injusta de libertad, incendio agravado y robo. La empresa Los Pinares, a través de comunicados de prensa, ha reproducido las acusaciones contra los comunitarios. Al caso se le conoce como Guapinol, por el nombre de una de las comunidades más afectadas por el proyecto minero.
La Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán asegura que el conflicto en Guapinol ha sido provocado por “la ilegalidad de la concesión” a Inversiones Los Pinares. Según la ONG, el proyecto minero reduce en casi 200 hectáreas el núcleo natural de una zona protegida por la ley hondureña.
Una fuente del Ministerio Público hondureño, quien ha investigado el financiamiento electoral del Partido Nacional del expresidente Hernández, aseguró a Prensa Comunitaria que Pérez ha sido uno de los principales financistas del expresidente. El empresario no ha desmentido estas afirmaciones.
El alcance empresarial de EMCO, Alutech y Lenir Pérez no se limitan a su influencia sobre las tierras hondureñas; llega hoy a los cielos de Honduras, El Salvador y Guatemala.
El señor de los aeropuertos
Los dos aparecen sonrientes en la foto oficial de 2019. Micrófono en mano, Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, estrecha la mano a un sonriente Lenir Pérez. Tras ellos, carteles alusivos al proyecto Palmerola, como se conoce al aeropuerto ubicado a medio camino entre la capital Tegucigalpa y la ciudad industrial de San Pedro Sula, que desde los años 80 ha sido el centro de operaciones militares de la fuerza aérea de Estados Unidos en el norte de Centroamérica y en el último lustro inició un camino para convertirse en la terminal aérea más importante de Honduras.
Pérez tenía razones para sonreír en 2019. Aquel año, el Congreso Nacional, dominado por diputados leales a Hernández, aprobó el decreto 159-2019, que aseguró a las empresas de Pérez Alutech y EMCO, el manejo de Palmerola, así como un financiamiento de unos US$87 millones según documentos en registros públicos de Honduras.
Aquel decreto, además, permitía a Pérez operar, sin licitación previa, el aeropuerto internacional de Toncontín, en la capital Tegucigalpa. A través de Adimex, otra empresa de su consorcio, Lenir Pérez controla las terminales de carga de Toncontín, Palmerola y la del aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula.
En corto: toda la carga que se mueve por los cielos hondureños y aterriza en sus terminales aéreas pasa por el control de Lenir Pérez y sus empresas. El dominio se extiende hasta El Salvador desde agosto del año pasado.
El 17 de agosto de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, aprobó una concesión para que Alutech S.A. de C.V. maneje por 35 años la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conocido popularmente como Comalapa. Uno de los principales gestores de la concesión es Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), cuyo nombre apareció en investigaciones de la fiscalía salvadoreña de un esquema internacional de lavado de dinero relacionado con el consorcio Alba Petróleos.
Alutech donó, en 2019, un millón de dólares al partido salvadoreño Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el cual llevó a Bukele a la presidencia, según documentos en poder de Acción Ciudadana, una ONG salvadoreña especializada en fiscalizar el gasto electoral. Después de esa donación, con Bukele y sus diputados en el poder, la empresa del hondureño Lenir Pérez ganó la licitación por el manejo del aeropuerto salvadoreño a otras 32 empresas que participaron en el concurso público.
Si, en Guatemala, el Congreso aprueba la iniciativa 5934, la sombra de Lenir Pérez sobre los cielos del norte centroamericano se extenderá hasta la capital guatemalteca. En Honduras, sin embargo, parece ya no tenerlas todas consigo.
Un escollo en Honduras
El triunfo de Xiomara Castro en las presidenciales de noviembre pasado no llegó con buenas noticias para Lenir Pérez y sus empresas.
La nueva presidenta advirtió, dos semanas después de su triunfo, que el contrato a EMCO para el manejo de Palmerola no es de su agrado. “Es ilegal y un monopolio… afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo”, tuiteó Castro el 11 de diciembre. Y advirtió: “será revisado y modificado en ley”.
Pocas horas después, Pérez contestó, también en su cuenta de Twitter, con una invitación a las nuevas autoridades a visitar Palmerola. “Estamos abiertos a revisar el contrato y a escuchar sugerencias de mejora que sean para beneficio y ahorro del pueblo hondureño”, escribió Pérez. El 7 de enero pasado, el empresario aseguró que es objeto de “una persecución” por parte del nuevo gobierno.
Lo cierto es que, por ahora, la presidenta Castro no termina de tener claro su margen de maniobra en el Congreso, que aún tiene dos directivas tras una escisión en su partido Libertad y Refundación (Libre), ni en la Corte Suprema de Justicia, aún controlada por leales a Juan Orlando Hernández y en donde, a la postre, deberán dirimirse desafíos legales al contrato de Palmerola. Lenir Pérez es, además, un hombre con mucha influencia en la política tradicional hondureña.
El dueño de EMCO y Alutech es, por matrimonio, miembro de la familia Facussé, uno de las más poderosas del país. Ana Isabel Facussé, la esposa de Pérez y vicepresidenta de Alutech, es hija de Miguel Facussé, una de las figuras más influyentes en la política y economía hondureñas desde 1960 hasta su fallecimiento en 2015. Don Miguel, como se le llama en Honduras, también fue señalado de asociaciones con el narcotráfico.
En 2004, según un cable de la embajada estadounidense en Honduras cifrado 04TEGUCIGALPA672-a, Facussé permitió el aterrizaje de narcoavionetas en una de sus propiedades en el Bajo Aguán, cerca de donde comunitarios hondureños se oponen al proyecto Guapinol.
Todo el equipaje asociado a la familia Pérez-Facussé y a sus empresas ha llegado a Guatemala de la mano de la Municipalidad de Guatemala, la familia Arzú y el alcalde Ricardo Quiñonez. La última palabra está en el Congreso.
