Presentaron un proyecto de ley para recibir salarios mínimos y otras prestaciones.
Todos los días, por lo menos 134.449 personas, en su mayoría mujeres, trabajan en alguno de los 34.782 comedores populares que hay en Argentina.
Gracias a las donaciones o subsidios estatales, las cocineras comunitarias logran alimentar a 10 millones de personas. Esa es la cifra de ciudadanos que, según el Ministerio de Desarrollo Social, requieren de algún tipo de asistencia alimentaria porque carecen de los ingresos suficientes para comer.
En jornadas que van de ocho a 10 horas, estas mujeres preparan desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para niños y adultos principalmente en «las villas», como denominan en este país a los barrios más carenciados.
Es un trabajo arduo y fundamental, en momentos en que la crisis económica se profundiza. Sin embargo, ellas no cobran ningún salario ni tienen seguros médicos ni pensiones.
Por eso, comenzaron a organizarse y esta semana, bajo el lema: «¡Hasta la revolución de las ollas!», lograron proponer ante el Congreso la creación del Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios.
«El Estado reconoce la existencia de comedores pero invisibiliza la situación de las cocineras comunitarias que trabajamos sin derechos laborales ni salario. Preparamos la comida y la entregamos a las miles de familias que las necesitan, pero no percibimos ningún tipo de ingreso, ni tenemos ningún derecho laboral por este trabajo que realizamos», afirman las activistas.
Justicia social
La iniciativa, que recién comenzará su debate parlamentario, establece un salario mínimo, vital y móvil, vacaciones, obra social o cobertura médica, seguro de riesgos de trabajo, aguinaldo, jubilación y licencia por enfermedad y/o accidente o por maternidad y paternidad.
Es decir, los derechos mínimos que debería tener cualquier trabajador.
«En un contexto donde hay 40 % de personas en situación de pobreza y 2,4 millones de personas en situación de indigencia, las cocineras alimentan a más de 10 millones de personas. Este trabajo es indispensable para garantizar el acceso a la alimentación de grupos vulnerados. Esta ley es el puntapié para seguir luchando por el reconocimiento de todos los trabajos comunitarios», señala el proyecto.
El 40 % millones de pobres que establecen las cifras oficiales equivalen a 18 millones de personas, de las cuales más de la mitad acude a los comedores o merenderos barriales, que no se dan abasto para atender la creciente demanda.
«Las mujeres sostenemos los comedores y los merenderos y queremos un reconocimiento real a lo que hacemos», advirtió el lunes María Claudia ‘La Negra’ Albornoz, referente de La Poderosa, la organización que comenzó la campaña de recolección de firmas, marchas y movilizaciones de apoyo.
Las cocineras, además, lanzaron un manifiesto colectivo para contar su trabajo y la importancia del activismo en pos de sus derechos.
«Hoy nos levantamos temprano, como todos los días. Esta vez no solamente para descongelar los pollos con intención de invitarles un buen guiso, nos arremangamos todas porque tenemos una cita en el Congreso de la Nación», señalaron en el escrito.
«¿Quién diría, no? Mientras picábamos cebollas para miles de raciones en cada barrio de cada provincia de Argentina, íbamos amasando también una consigna feminista y popular», agregaron al dimensionar la trascendencia de la lucha que están llevando a cabo.
Reconocimiento
También recordaron que muchos las han llamado despectivamente «planeras», en referencia a los planes sociales que entrega el Gobierno. O, de plano, «vagas», a pesar del voluntariado que llevan a cabo.
«Nosotras respondemos: somos seres humanos que alimentamos a diez millones de personas de norte a sur y de este a oeste, con leña, a gas o quemando cualquier cosa que nos permita revolver más de 35.000 ollas todos los días. Y sí, eso tiene corazón: más de 135.000 corazones, que palpitan con mucha fuerza, tanta que a veces nos sorprendemos nosotras mismas», señalaron al cuestionar por qué, a pesar de todo su esfuerzo, no pueden tener un trabajo digno, como cualquier trabajador.
Aprovecharon, además, para criticar los privilegios de los poderosos que, sin importar la crisis de que se trate, jamás pierden, entre ellos los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, junto con la prensa.
«¿Olvidaron que en pandemia éramos trabajadoras esenciales para sostener el hambre? Nosotras no, no queremos acostumbrarnos más al voluntariado asistencial (…). Nuestro feminismo villero no puede esperar el ritmo de la burocracia, o ese tiempo electoral que hace hambrear y llorar con tantas capas de cebolla», advirtieron.
