El Ejecutivo anunció esta semana un programa para otorgar ayudas económicas a las familias vulnerables que trabajan en la conservación de la selva amazónica.
La deforestación en la Amazonía cayó un 31 % en los cinco primeros meses de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, pero aumentó un 35 % en el Cerrado (la sabana), según datos divulgados por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil.
El Gobierno informó que se han impuesto multas por un valor de 2.230 millones de reales (unos 452 millones de dólares) en la Amazonía y de 138 millones de reales (unos 28 millones de dólares) en el Cerrado, el segundo mayor ecosistema de Brasil.
«Cuando el Gobierno trabaja contra el crimen, el resultado aparece», comentó en Twitter Marcio Astrini, coordinador del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 90 organizaciones socioambientales.
Por su parte, Joao Paulo Capobianco, secretario ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, consideró las cifras en la Amazonía «relevantes» y «positivas».
«Separar lo legal de lo ilegal»
En referencia al Cerrado, sin embargo, Capobianco destacó la importancia de verificar si los hacendados tienen autorización para deforestar. «Este es el primer paso, separar lo legal de lo ilegal», afirmó.
Los datos coinciden con el anuncio esta semana de un programa social puesto en marcha por el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva para otorgar ayudas económicas a las familias vulnerables que trabajan en la conservación de la selva amazónica.
El programa, llamado ‘Bolsa Verde’, será implementado en 30.000 familias de la Amazonía brasileña, pero la intención es ampliarlo al Cerrado o a la Mata Atlántica.
Esta acción se enmarca en las medidas anunciadas por Lula para cumplir su promesa de eliminar la deforestación hasta 2030. La política incluye la creación de nuevas áreas de protección ambiental y contempla la posibilidad de que se embargue el 50 % de las tierras deforestadas ilegalmente.
