«Seguiremos luchando por un país desarmado», expresó el mandatario tras firmar el documento en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto que aumenta las restricciones a los civiles para acceder a armas y municiones, como parte de una política de desarme de la población que adelanta dentro del Programa de Acción de Seguridad (PAS) que debe avalar el Congreso de ese país suramericano, informó la Presidencia brasileña.
Con este decreto para el «control responsable de armas» que Lula firmó en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno en Brasilia, se plantea reducir el acceso a armas y municiones tanto para civiles como los llamados CAC (cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas). La orden limita a dos armas por persona para la autodefensa, cuando antes podían tener hasta cuatro.
«Seguiremos luchando por un país desarmado. Quien tiene que estar bien armado es la Policía brasileña, las Fuerzas Armadas. Lo que tenemos que bajar es el precio de los libros, de las fiestas, de las cosas culturales a las que nuestros hijos necesitan tener acceso», expresó Lula en referencia sobre el auge del crimen organizado en la Amazonía, la violencia intrafamiliar y la proliferación de armas en el país luego del paso de Jair Bolsonaro por la Presidencia.
Restricciones
La norma obliga a lo civiles a demostrar la «necesidad efectiva» para la tenencia de armas, un trámite que no se exige actualmente. De igual forma, se restringe la cantidad de municiones permitidas por año, que baja de 200 a 50. En el caso de los CAC, se les impondrán limitaciones «mucho más estrictas que las actuales», dijo la Presidencia.
Lula resaltó que con las medidas de seguridad que se ejecutarán a través del PAS, el país podrá vivir en paz y en tranquilidad, «con menos odio y menos violencia». «Seguiremos cuidando a la sociedad brasileña, como ella imagina que debemos cuidarla», agregó.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, destacó que el decreto «cierra un capítulo oscuro en la historia de Brasil que estimuló el armamento irresponsable».
«No es tarea exclusiva del gobierno velar porque se extirpe este odio implantado. Necesitamos ejercer ese deber, garantizar la integridad física y moral de las personas y defender la democracia», agregó.
