La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético acusados de colgar un muñeco con la camiseta del jugador del Real Madrid Vinicius Junior en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid.
Según ha informado este martes la Fiscalía, los presuntos autores de esa acción, ocurrida el 26 de enero de este año antes de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, son miembros del Frente Atlético, «identificado ideológicamente con la extrema derecha».
El Ministerio Público les imputa un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, al tiempo que les reclama una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.
El escrito de acusación señala que en la madrugada del 25 al 26 de enero de 2023, los cuatro integrantes del Frente Atlético, «puestos de común acuerdo» y coincidiendo con la celebración del partido de Copa del Rey que se iba a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se dirigieron a un puente de la M-11 cercano a la ciudad deportiva madridista.
Una vez allí, los cuatro acusados, «como muestra inequívoca de menosprecio y rechazo hacia el color de piel de la víctima y movidos por un ánimo de menoscabar su sentimiento de tranquilidad», colgaron con una cuerda un maniquí tipo muñeca hinchable de unos 165 centímetros de altura, de color de piel y pelo negro.
La muñeca portaba una camiseta del equipo de fútbol del Real Madrid, con el nombre en la parte posterior del jugador Vinicius y con su dorsal, así como unas piedras a modo de peso atadas con cinta aislante en lo que serían sus tobillos. Además, colgaron una pancarta de tela roja con letras en blando con el lema ‘Madrid odia al Real’, de 12,90 metros de longitud y 1,70 metros de ancho.
Poco después, uno de ellos, A.B.R., «a modo de reivindicación y justificación de la acción», publicó a través de la cuenta que administraba en la red social X (antes Twitter), una primera fotografía del puente donde aparecía la pancarta y el muñeco colgado.
El mensaje se hizo viral por la publicidad alcanzada en redes sociales «llegando a hacerse eco de la noticia los medios de comunicación tradicionales, incrementando así la lesión al bien jurídico protegido consistente en la dignidad de la persona, en este caso tanto de la víctima Vinicius, como del colectivo al que representa», añade el escrito.
Este hombre publicó una segunda fotografía donde aparecía la muñeca hinchable en el momento de los preparativos, con la camiseta del jugador Vinicius apoyada junto a una pared, incorporándolo al hashtag #TodosSomosVini, «incrementando así el menosprecio hacia esa persona, ya que era empleado para mostrar el apoyo a la víctima y la repulsa a la acción desplegada».
La Fiscalía recuerda que el pasado 24 de mayo el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid dictó un auto por el que prohibía a los cuatro investigados aproximarse a menos de 1.000 metros del jugador Vinicius Jr. y de comunicarse con él por cualquier medio.
También les prohibía aproximarse a menos de 1.000 metros de su lugar de trabajo, acercarse a menos de cien metros a los estadios Santiago Bernabéu y Civitas Metropolitano durante la celebración de los partidos de fútbol que disputen según el calendario de la Liga de Fútbol Profesional, y de aproximarse a menos de 1.000 metros de todos los estadios de la Liga.
El juicio por estos hechos está previsto que se celebre en los próximos meses.
La acción de los ultras del Frente Atlético fue ampliamente condenada por la sociedad española, así como por el Real Madrid y por el jugador Vinicius Junior.
El club blanco emitió un comunicado en el que calificó la acción como «un acto de odio y discriminación que no tiene cabida en el fútbol».
Por su parte, el jugador brasileño expresó su «indignación» por lo sucedido y aseguró que «no voy a permitir que nadie me intimide».
La Fiscalía pide que los cuatro acusados sean condenados por un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas.
En el caso de que sean declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión.
