La Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidirá este viernes si emitir medidas de emergencia contra Israel, en el histórico juicio solicitado por Sudáfrica, que denuncia «intenciones genocidas» contra la población de Gaza por parte de Israel. El fallo podría incluir la orden de detener las hostilidades.
El panel de 17 jueces debe determinar que el tribunal cuenta con jurisdicción en el asunto, que hay una disputa entre Sudáfrica e Israel respecto a la Convención sobre el Genocidio de 1948, y que existe una necesidad inmediata de implementar medidas de emergencia mientras el caso sigue su curso.
La ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, viajará a La Haya para representar al país en el fallo del viernes, según anunció su cartera. Aunque Israel se ha mostrado reacio a colaborar con tribunales internacionales, al ser firmante de la Convención para la Prevención de Genocidio, está obligado a hacer frente al caso y desplegó un equipo legal de alto nivel a principios de este mes.
Pese a esto, si el tribunal falla a favor de las solicitudes de Sudáfrica, no está claro si Israel las cumplirá. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió continuar su guerra contra Hamás hasta alcanzar la “victoria completa” con la erradicación del grupo islamista.
La guerra, que comenzó con el asalto de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre que mató a 1.200 personas y secuestró a otras 250, hasta ahora cobra la vida de 25.490 palestinos, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la suspensión de las operaciones militares en Gaza, la garantía de que el Ejército israelí no impulse estas operaciones e indemnizaciones y medios para la reconstrucción de lo destruido en la región.
Sudáfrica quiere que se evite «la privación de acceso a alimentos y agua adecuados» para la población de Gaza y pidió a Israel garantizar que las personas «bajo su control no inciten públicamente y directamente al genocidio». De ocurrir, tendrían que rendir cuentas conforme a lo estipulado en la Convención.
