El gobierno de Venezuela anunció este jueves la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Caracas.
El canciller venezolano, Yván Gil, informó que la decisión se tomó luego de una «revisión integral» de los términos de cooperación con la oficina, la cual, según el gobierno, se ha «desviado de su mandato» y se ha convertido en una «caja de resonancia» de la oposición venezolana.
Gil señaló que el personal adscrito a la oficina tiene 72 horas para abandonar el país.
El gobierno venezolano argumenta que la oficina de la ONU ha incumplido con su mandato de brindar asistencia técnica al Estado en materia de derechos humanos. En cambio, según Gil, la oficina se ha dedicado a:
• Cuestionar el accionar de los órganos públicos del Estado.
• Ignorar las acciones de grupos violentos que intentan desestabilizar el país.
• No condenar los intentos de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios.
Reacciones
La decisión del gobierno venezolano ha sido criticada por la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su «profunda preocupación» por la medida y ha pedido a Venezuela que reconsidere su decisión.
El canciller Gil ha asegurado que Venezuela continuará cooperando con la ONU en materia de derechos humanos, pero solo con aquellas instancias que se dediquen «verdaderamente» al tema.
La suspensión de la cooperación con la oficina de la ONU para los Derechos Humanos es un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional. Es probable que la medida tenga un impacto negativo en la imagen de Venezuela y dificulte la obtención de ayuda internacional.
