En la columna de opinión anterior me referí a los cuatro elementos que conforman el sistema de financiamiento de la política, es decir, el control, los límites, las sanciones y la publicidad.
En esta oportunidad abordaré el elemento de control. Al hablar de control del sistema de financiamiento de la política, se hace referencia al conjunto de normas, instituciones, mecanismos y procedimientos utilizados para auditar y fiscalizar el origen y uso de los recursos de que disponen los partidos políticos en tiempos ordinarios y electorales. A continuación identificaré las instituciones que deben realizar control sobre las finanzas de los partidos. Luego señalaré el estado del control que ejercen las entidades estatales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la institución responsable de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Esta facultad puede derivarse de tres aspectos: 1) El TSE es la autoridad encargada de hacer cumplir la Ley de Partidos Políticos, lo que implica que debe controlar la observancia de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 2) La ley obliga a los partidos a llevar contabilidad formal sobre el uso de su patrimonio y de los fondos públicos y privados que obtuvieren. 3) Los partidos deben poner a disposición del TSE la información detallada sobre su financiamiento público y privado.
Por ley, la Corte de Cuentas de la República (CCR) también debe realizar control sobre el financiamiento público que reciben los partidos políticos. La ley obliga a los partidos a poner a disposición del ente contralor la información sobre la deuda política que reciben. De hecho, la Ley de la Corte de Cuentas de la República estipula que la jurisdicción de esta autoridad contralora para realizar fiscalización y control se extiende a las entidades, organismos y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. Finalmente, la ley faculta al Ministerio de Hacienda para que controle el financiamiento público y privado de los partidos, aunque no define el alcance del control que debe realizar.
Ahora bien, analizando el ejercicio de control sobre el financiamiento, se advierte que las capacidades de fiscalización del TSE son extremadamente limitadas, casi nulas. Se afirma esto pues, en primer lugar, la autoridad electoral se limita a recibir la documentación financiera que le presentan los partidos políticos, balance general y estado de resultados, sin entrar a verificar a profundidad aspectos relacionados al origen de los fondos (procedencia legal, respeto de los límites legales de las aportaciones, etc.) ni constata la correspondencia entre ingresos y los gastos reportados; es que TSE no tenía información completa sobre los donantes de los partidos, ni información detallada sobre los gastos y probablemente aun no la tenga. Evidentemente, no verifica la existencia de recursos que fueron entregados a los partidos o a los candidatos, ni de gastos no declarados en la contabilidad. Parte de esta deficiencia del TSE se origina por la falta de una unidad de fiscalización. La función de control la realiza personal de varias direcciones y el Organismo Colegiado.
A esta fecha, la CCR solo realizó dos exámenes especiales a la deuda política, limitándose a verificar el total de fondos públicos que los partidos debían recibir en concepto de deuda política, constatando nada más si los montos que correspondían a cada partido les fueron entregados y si reintegraron fondos al Estado si les correspondía hacerlo. Los partidos no han enviado sus informes a la CCR sobre la deuda política 2015, ni esta institución les ha exigido se las entregue, ni mucho menos les ha realizado auditoría.
Este escenario nos indica que el elemento de control estatal del financiamiento es sumamente débil y poco desarrollado, lo cual debe ser motivo de preocupación ante el ciclo electoral que hemos iniciado. Ante ese escenario, el papel ciudadano toma particular relevancia en vigilar el financiamiento de los partidos. Como Acción Ciudadana hemos constituido el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia para tratar de elevar el nivel de control.
*Abogado encargado del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana @CentroMonitoAC @CiudadanaAccio1
