Organizaciones feministas y defensoras de Derechos Humanos anunciaron que el Gobierno de Suecia a través de la Dirección General de Migraciones, concedió asilo político a María Teresa Rivera y a su hijo, otorgándoles el estatus de refugiados luego de determinar que Rivera es víctima de persecución y acoso de parte de la Fiscalía General de la República, instancia que la acusó de delitos relacionados al aborto.
En julio de 2012, tras sufrir un parto extra-hospitalario, Rivera fue condena a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el año pasado, el Tribunal Tercero de Sentencia revisó el caso y acreditó que no había suficientes elementos probatorios para determinar su culpabilidad.
De acuerdo a Nelsón Flores, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dicho panorama evidencia los constantes errores en los que incurre el sistema judicial del país.
Por su parte, Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista, señala que dichos errores no sólo responden a la ley que prohíbe el aborto, sino también a la interpretación que los funcionarios del sistema de salud y judicial hacen de dicha normativa basándose en prejuicios.
Los defensores sostienen que es necesario que el sistema judicial del país revise los casos de las más de 17 mujeres condenadas por delitos relacionados con aborto a fin de determinar si su acusación constituye o no un error judicial. Instan a la Asamblea Legislativa a reformar la legislación sobre dicha temática a fin de no criminalizar a las mujeres que deben interrumpir su embarazo por motivos de salud.
Actualmente, en el Órgano Legislativo hay una propuesta para despenalizar el aborto en cuatro causales: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando es inviable la vida extrauterina del feto, cuando ha existido violación o cuando ha habido estupro.
