En octubre de 2014, en el marco del 69° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, El Salvador fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el trienio 2015-2017.
Conforme se detalla en su website, el Consejo es un órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, que es responsable de la promoción y protección de todos los Derechos Humanos en el mundo entero.
Los 47 miembros son elegidos por un mandato de tres años por mayoría de los miembros de la Asamblea General, a través de una votación directa y secreta; distribuyéndose de forma geográfica equitativa los asientos: Estados de África (13 asientos), Estados de Asia y el Pacífico (13 asientos), América Latina y el Caribe (8 asientos), Estados de Europa Occidental y otros Estados (7 asientos) y Estados de Europa Oriental (6 asientos).
El pasado diciembre 2016, el Consejo eligió a El Salvador para ejercer la presidencia del mismo durante un año, convirtiéndose así, en el primer país de la región centroamericana que preside este organismo internacional.
El nuevo presidente, el señor Joaquín Alexander Maza Martelli, quien es el representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Ginebra, afirmó que es básico respetar el marco institucional del Consejo de Derechos Humanos ante un complicado panorama internacional que viola los derechos humanos de niños, mujeres, migrantes, desplazados, refugiados, minorías y grupos vulnerables; según aparece en un reporte periodístico del Centro de Noticias ONU, de fecha 5 de diciembre de 2016.
Asimismo, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores se afirmaba que el nombramiento pone de manifiesto el reconocimiento de la comunidad internacional a la labor que realiza la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén en favor de la protección y promoción de los Derechos Humanos fundamentales.
Desde un punto de vista crítico, causa sorpresa que la presidencia de una institución tan prestigiosa y tan importante para la protección de los Derechos Humanos, esté en manos de un país que ha militarizado la seguridad pública; un país donde algunos agentes de la Policía Nacional Civil están cometiendo de forma sistemática graves violaciones a los Derechos Humanos, entre otras, prácticas de tortura y ejecuciones sumarias; un país donde las máximas autoridades políticas no reconocen la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado, a pesar que de forma semanal, centenares de personas se ven obligadas a salir de sus casas y buscar suerte en otros países por la violencia ejercida por el crimen organizado, pero también por las propias autoridades.
Qué credibilidad puede tener El Salvador a nivel internacional, cuando a fecha 3 de marzo de 2017 no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero en cambio ha aprobado y ha prorrogado un decreto instaurando un conjunto de medidas extraordinarias en algunos centros penales que a todas luces violan cualquier estándar de Derechos Humanos.
Probablemente, no se ha ratificado el mencionado Protocolo que habilitaría la visita de órganos internacionales y nacionales independientes en los lugares donde se encuentran los privados de libertad, porque de ser así, la comunidad internacional conocería que en el país que preside el Consejo de Derechos Humanos, en algunos centros penales, los internos solo pueden ver el sol una hora, tres días a la semana; se les prohíbe las visitas familiares; se trata de forma paritaria a internos condenados y aquellos que están en detención provisional; un país que prácticamente impide o en el mayor de los casos, dificulta que los abogados puedan visitar a sus clientes, obstaculizando un derecho fundamental como es el derecho de defensa.
El complicado panorama internacional que viola a los Derechos Humanos, como señalaba el nuevo presidente, el embajador salvadoreño Maza Martelli, a pocos días de asumir el cargo, es producto de países como El Salvador. Y no es cierto, como se afirma por algunos, que este nombramiento responde a la labor del gobierno actual para la protección y promoción de los Derechos Humanos. Dicho nombramiento si a algo responde, es a una gran campaña de marketing para hacer creer ante la comunidad internacional que El Salvador cumple con los tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, ante una situación tan complicada y desoladora en términos de protección y promoción de Derechos Humanos, esperemos que con el nuevo compromiso que El Salvador ha asumido a nivel internacional, éste sirva para dejar los titulares y las bonitas palabras de lado, y asumir un compromiso pleno en la defensa de los Derechos Humanos. Sin duda alguna, un primer paso sería dejar de criminalizar a los jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad, dándoles herramientas y oportunidades que tanto anhelan para seguir creciendo, viviendo y siendo productivos para este país.
