Los activistas defensores de Derechos Humanos, Bessy Ríos y William Hernández, presentaron esta mañana un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue el probable cometimiento de delitos que pudieron incurrir los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, los cuales consideraron como falta y no como delito, los supuestos tocamientos que el magistrado Jaime Escalante Díaz realizó a una menor de 10 años.

Bessy Ríos, pidió al fiscal general de la República, Raúl Melara, inicie una investigación en contra de los magistrados que firmaron la resolución que favoreció a Escalante Díaz, ya que asegura que al parecer «se ha dado una resolución basada en prevaricato».

«Debemos de recordar que ya hay un antecedente de la Cámara Tercera de lo Penal, que ya ha condenado a una persona por tocar a una menor de edad en un mercado, para cuatro años», sostuvo.

Por su parte, William Hernández, activista de los derechos de la comunidad LGBTI, dijo que la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y los tratados internacionales que El Salvador ha firmado, obligan al Estado a defender el interés superior de los menores de edad.

“A estos magistrados no les importó el bien superior del menor sino el bien superior del magistrado”, señaló.

Los activistas ven, desde su perspectiva, que se está tratando de beneficiar al magistrado Escalante, y dejaron claro que su interés es romper este tipo de precedentes, los cuales calificaron de «nefastos», ya que hay muchas personas privadas de libertad por este tipo de delitos.

Ríos y Hernández acudirán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pedir que sean investigados los magistrados Guillermo Domínguez, Martín Rogel Zepeda y Marta Lidia Peraza, quienes firmaron la resolución en la que queda descartado que el tocamiento de una menor de edad sea un delito, y que únicamente lo califica como una falta.

Los magistrados señalados por los defensores de DD.HH., dejaron en libertad la semana pasada al magistrado Escalante Díaz, acusado por agresiones sexuales contra una menor de edad, en donde la resolución de la Sala dijo que tocar a una niña en público no es delito.

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