“Al Ejecutivo le ha faltado presión de apropiarse de su calidad de comandante y jefe de la Fuerza Armada”

El director de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, hace un balance sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalidó la Ley de Amnistía. A más de un año de esta, el balance es negativo.

García señala que solo hay alrededor de cuatro casos que se han reabierto: El Mozote, El Calabozo, el asesinato de soldados estadounidenses en Lolotique y el homicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero. A pesar de ello, la mayoría se han reabierto a solicitud de las víctimas y no de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, cuestiona que en el seguimiento del cumplimiento de la sentencia que realizó la Asamblea Legislativa, el presidente de esta institución, Guillermo Gallegos, dijo que no habían hecho nada.

Finalmente, García dice que este Gobierno, a pesar de que ha hecho algunas acciones para atender a las víctimas, no ha hecho lo suficiente para garantizar la reparación económica y moral de estas.

Ya ha pasado más de una año desde que la Sala de lo Constitucional invalidó la Ley de Amnistía, ¿qué ha hecho el Estado salvadoreño para cumplir la sentencia?

Hay que recordar que el 16 de julio, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, también se declaró inconstitucional $900 millones dirigidos a seguridad en fondos de títulos valores; y también se declaró inconstitucional la existencia de diputados suplentes. O sea, el país se sometió a una situación económica mala frente a financiar lo que era la la seguridad publica, y dejó una situación política también controversial en la Asamblea Legislativa. Esas dos sentencias están cumplidas, han sido acatadas. La Ley de Amnistía no. Y habría que preguntarse por qué es la única inconstitucionalidad que ha sufrido una revisión de su cumplimiento, porque todas las demás son sentencias de la Sala y todas son de obligado cumplimiento, a excepción de la Ley de Amnistía.

¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado lo previsto, no ha pasado absolutamente nada. Ahí dijeron que esto iba a abrir viejas heridas, que nos íbamos a ir a otro conflicto armado, que iba a haber una cacería de brujas, que se iba a colapsar el sistema judicial, y como usted podrá comprobar ni una cosa ni la otra verdad. Sí, es cierto que las víctimas han buscado el ejercicio de la justicia, a lo cual tienen derecho, y han accedido a las instancias como la Fiscalía y los juzgados; y han pedido la reapertura de algunos casos. no de todos, lo suficiente para no conocer un sistema de justicia.

¿Qué ha pasado? Se han emitido dos órdenes de captura precisamente a aquellas acciones en las que el FMLN tuvo involucramiento como son la Zona Rosa y el Helicóptero de Lolotique, pero no hay ninguna orden de captura para todas aquellas personas que perpetraron, participaron o planificaron grandes masacres en nuestro país en los años 80.

¿Qué es lo que ha pasado? Que la justicia todavía no ha aflorado, que a las víctimas todavía no se les ha reparado los dos ejes fundamentales por los que se declaró inconstitucional la ley de amnistía: Por no dar acceso a las víctimas a la justicia y por no repararles .

Entiendo que solo hay dos casos que se han abierto en donde hubo violación de derechos humanos por parte del ejército: Las masacres de El Calabozo.

El mozote hay que recordar que se ha reabierto el caso porque las víctimas han ido a interponer una denuncia de un caso, que cuando se declaró la ley de inconstitucionalidad, estaba en funcionamiento; y porque además pesa una sentencia de la Corte Interamericna de Derechos Humanos.

El caso de El Calabozo concretamente está aperturado, pero al parecer el juzgado de San Sebastián no ha hecho lo que ha debido. No ha promovido y ha tenido que recibir un llamado de atención de la propia Sala de lo Constitucional.

A eso me refiero que no ha pasado nada, igual se le pidió la reapertura de parte de los familiares y tutela María Julia Hernández del caso Monseñor Romero, caso emblemático a nivel internacional, sin menoscabo de los dos anteriores que implican el asesinato de población civil, pero un arzobispo reconocido internacionalmente, y ese caso tampoco ha seguido las mayores diligencias. Entonces, en temas de justicia, insisto, ha pasado muy poco.

¿Y qué han hecho el resto de instituciones del Estado para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional?

En el caso de la Fiscalía, el fiscal general de la República ordenó que se investigaran ciertos casos, cuando la Sala de lo Constitucional declaró la Ley de Amnistía inconstitucional. ¿Qué es lo que ha propiciado eso? Que el fiscal general de la República destine a tres fiscales para ese desempeño, y se ha comprometido a incrementarlo a cinco. Sigue manteniendo una lógica como funcionariado de que no tienen recursos suficientes para atender la demanda que viene del conflicto armado. Mire, en la Fiscalía hay miles de casos y hay solo 146 del conflicto armado. Casos judicializándose están: El Mozote, El Calabozo, que no ha seguido la mera diligencia; la Zona Rosa, etc. Yo creo que amerita poner un poquito mas de peso ahí, no son tantos los casos para la necesidad que tiene el país de justicia en este tema del conflicto armado.

¿Y la Asamblea Legislativa?

Quedó evidenciado completamente que la Asamblea Legislativa no hizo absolutamente nada. Y en boca del diputado presidente de la Asamblea Legislativa dijo que de alguna forma se habían atenido porque habían otras prioridades en el país. Eso enlaza muy bien con el discurso que tuvieron autoridades en el país y funcionarios públicos de alto nivel donde dijeron que la Ley de Amnistía iba a deteriorar la democracia del país, iba a colapsar el sistema de justicia, etc. En el trasfondo de todo esto estaba que era un tema ideológico que afecta de alguna manera, verdad, con temas económicos, con temas políticos, evidentemente electorales.

Además, la Sala ha resuelto inconstitucionalidades y no ha pasado nada en el país, pero con un tema ideológico, el Estado tiene que asumir su responsabilidad del maltrato sometido a la población, de crímenes extrajudiciales, de crímenes de esa humanidad que hoy están declarados como no prescriptibles ni que se pueda apelar a ninguna estructura jurídica para que no sean enjuiciados.

Vuelve nuevamente a salir a la palestra la negativa del funcionario de turno de no querer ejercer su responsabilidad y su mandato constitucional, investigar y sancionar a los responsables, y eso lo vemos en la Asamblea Legislativa. Se le mandó derogar la Ley de Amnistía, la Ley de Reconciliación Nacional, mal llamada Ley de Amnistía, que volviera a reformular una nueva ley; y la Asamblea Legislativa todavía no lo ha hecho; y que además tuviera unos estándares marcados en la justicia transicional. lo cual no limita la acción penal, sino que la actualiza a los tiempos que se estan viviendo, y que evitarán legislar una ley de de reconciliación nacional que pudiera tener esos estándares de promover nuevamente una Ley de Amnistía; y que además satisficiera las demandas de las víctimas.

¿Qué hemos tenido que hacer las organizaciones? ¿Qué han tenido que hacer las victimas? Proponerle a la Asamblea Legislativa, hacerle el trabajo a la Asamblea Legislativa y proponer una ley en esos estándares, precisamente, que es la que hoy esta presentada del 30 de agosto de este año a la Asamblea Legislativa.

¿Qué se da a entender por justicia transicional?

Justicia transicional es una justicia que se adapta a los estándares que se tiene en el país en ese momento. Nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos el reconocimiento de crímenes como la desaparición forzada en estándares internacionales, se tiene que adaptar la jurisprudencia internacional y tiene que ir dándole salida sin negación de la justicia, es decir, que haya una interlocución por parte de las personas señaladas y que se abre la posibilidad de poder permutar, poder cambiar condena, si las víctimas lo desean, pero en todo caso aplicando el Código Procesal Penal que tenga vigente cada país, no vulnerando la legislación de cada país.

En una situación diferente, ha habido modificación de los códigos procesales penales en el país, los códigos penales, ha habido un avance en jurisprudencia internacional sobre todo en la Corte Interamericana y así debemos adaptar la justicia salvadoreña para que cubra todos esos estándares, todos esos avances que se han tenido en la jurisprudencia. Todo eso sin menoscabar lo derechos de las personas que han sido ofendidas por un lado y que están siendo señaladas por otro.

¿Y qué ha hecho y qué no ha hecho el Gobierno para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional?

El Gobierno debería haber propuesto dentro de su presupuesto, porque es el Ejecutivo el que propone a la Asamblea Legislativa el Presupuesto de la Nación, debería de haber incluido una partida mayor para que la Fiscalía pudiera judicializar, pudiera investigar, así como lo pide la ley de inconstitucionalidad la sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía. Hubiera reservado fondos para satisfacer las reparaciones de las víctimas en los estándares que decía la Sala de lo Constitucional. Y eso se ve complementado con la legislación que sacara la Asamblea Legislativa y con la aprobación de la Asamblea Legislativa de un presupuesto que incluyera esa partida. Ambos se han atenido en eso

Ustedes presentaron una propuesta de ley. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta propuesta de ley que han presentado?

Siempre nos hacen una pregunta, que es: ¿Cómo se va a financiar? Ahí queda claro con qué partida: con la Ley de Fideicomiso, con un porcentaje del Estado, un millón simbólico como capital semilla al inicio. Y además no es la parte más importante.

El énfasis fuerte que han puesto la victimas, es su reparación moral, su reparación ética, su reparación simbólica, su reparación psicosocial. Y para eso no hacen falta grandes cantidades de dinero. para retirar el nombre de un genocida de un cuartel militar no hace falta mucho dinero ni mucho presupuesto de la nación. Para iniciar las investigaciones, para determinar el paradero de las personas desaparecidas, para diligenciar y pedir información y determinar el paradero tampoco hace falta un gran presupuesto. Para atender emocionalmente a las personas traumadas por el conflicto armado, tampoco hace falta un gran presupuesto. Haría falta actualizar al personal psicológico, psicólogos psicólogas del Ministerio de Salud para que brindaran atención debida y adecuada a estas personas.

Entonces, si se fijan, y hay un apartado muy curioso que a nosotros nos llama la atención, que es de un sector de victimas importante para nosotros, que son los jóvenes reencontrados. Y los dos ejes principales de reparación que exigen los jóvenes reencontrados es el tema de la identidad, recuperar su nombre biológico, que fueron cambiados, sometidos a adopciones, algunos en el extranjero. Y la reconstrucción de su proyecto de vida. El poderles facilitar formación, talleres para que puedan acceder a puestos de trabajo con los que puedan valerse de la vida. No están pidiendo ni siquiera subsidios. Algún crédito a bajo interés para poder tener iniciativas productivas. Ellos están pidiendo el no tener dependencia, sino satisfacer sus necesidades como persona, teniendo identidad y teniendo posibilidad de acceder a un empleo que lo dignifique como persona.

¿No ha habido voluntad de parte del Ejecutivo para poder hacer esas cosas mínimas que usted ha mencionado?

La Ley de Inconstitucionalidad afecta a los tres órganos del Estado. El Órgano de justicia tampoco ha promovido que las víctimas accedan a la justicia, la Asamblea Legislativa no ha legislado para tener una ley de reconciliación que incorpore los términos de la justicia transicional, el pleno acceso a la información para determinar la verdad que es uno de las demandas también emitidas en la sentencia de inconstitucionalidad, y tampoco ha promovido una ley de reparación que satisfaga las necesidades. Y por supuesto el Ejecutivo no ha hecho el esfuerzo debido en presupuestar cantidades monetarias para que esta ley y estas demandas también estén contempladas en el presupuesto de la nación y puedan ser ejecutadas.

Quiero replantear la pregunta anterior. El FMLN ha sido un partido que ha tenido el discurso de promover los derechos de las víctimas del conflicto armado, ahora en el Ejecutivo hay cuestiones mínimas, ya usted lo mencionaba como quitarle los nombres a los cuarteles, de los implicados en violaciones a los derechos humano, etc. ¿No ha habido voluntad del Ejecutivo con respecto a esto?

Al Ejecutivo le ha faltado presión de apropiarse de su calidad de comandante y jefe de la Fuerza Armada. Al dirigirse a la Fuerza Armada y decirle “¡Abran los archivos! Determinemos la verdad”

Por otro lado, a contrapesado con la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de adulto, donde se supone que a partir de ahí va a haber un enlace con la Fuerza Armada para determinar en carácter humanitario el paradero de tantos desaparecidos en todo el país. Le ha faltado eso.

Es cierto que también ha mostrado un poco de mejor voluntad que gobiernos anteriores, que no solo no querían hablar del tema, sino que negaban cualquier expresión de justicia o de reparación de las víctimas.

Estamos en un país que está evolucionando hacia la democracia. Estamos en un momento muy oportuno, para que ya viendo que esto no generó heridas, sino que las empieza a sanar. Ya viendo que a nivel social hay una respuesta de la población.La sociedad diciendo: “no puede ser que la mitad de mi sociedad no tenga derecho, como lo tengo yo, de acceder a la justicia, a ser reparada. Hay que dar atención a esto, no es posible que nos tapemos los ojos ante esta evidencia.

Entonces, yo creo que es muy buen momento para reconciliar. Y para reconciliar yo creo que es fundamental conocer la verdad, conocer qué pasó, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, saber dónde están; y en la medida de las posibilidades del Estado y a petición de las víctimas acceder a esa justicia que el Estado debe brindar, especialmente el Órgano de justicia.

Y en la medida de las posibilidades y del estatus financiero, poderlo hacer. Hablando de dinero, ¿usted sabe que para el año que viene en el Presupuesto de la Nación ya se creó una partida para veteranos de guerra y desmovilizados del FMLN por más de 120 millones de dólares? ¿Hay alguna partida, aunque sea simbólica para víctimas? No, entonces de esto se trata. ¿Por qué a quienes causaron el daño, se les trata bien, se les reincorpora, se les ofrecen indemnizaciones? ¿Y por qué a quienes lo sufrieron. la revictimizamos y las volvemos a dañar invisibilizándolas como hasta ahora? Se trata del trasfondo de esto, de por qué a unos sí y a otros no.

Nosotros en ningún momento nos hemos negado a que los veteranos de guerra se les reconozca su participación, pero lo que no podemos tolerar es que se les reconozca a quienes causaron el daño y no a quienes lo recibieron.

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