Albergados del centro de contención Monte Carmelo, fueron reubicados tras denunciar que luego de 42 días de cuarentena, no permiten su salida

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dio a conocer que han recibido información que hasta ayer, un grupo de más de 60 personas se encontraban en detención ilegal desde hace más de 40 días en el Centro de Retiros Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Ciudad Delgado. A todas ellas se les ha practicado 4 pruebas para detectar la Covid-19, según dijeron; los resultados de tres de ellas fueron informados a las personas, tenían pendiente los resultados de la
cuarta prueba.

Según FESPAD, ellos mismos informaron que los resultados en las tres pruebas fueron negativos, pero que eventualmente llegaban a retirar a personas a quienes informaban que habían dado positivo, que las retiraban del lugar y no se sabía hacia dónde eran trasladadas.

Las personas estaban distribuidas en tres secciones del Centro de Retiros. Fueron precisamente las personas de una de las secciones, que el día 14 de mayo mostraron su descontento al interior, lo que llevó a la intervención de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) así como del sobrevuelo de helicópteros de las fuerzas de seguridad.

Ayer, un grupo de personas detenidas ilegalmente hicieron público un video donde denunciaban, entre otras cosas, recibir amenazas por parte del responsable del Centro de Retiros, en el sentido que no denunciaran las condiciones en que se encontraban; además, se declararon en huelga de hambre.

Como consecuencia de la denuncia realizada por medio del video, en horas de la tarde, FESPAD explico que las personas de las tres secciones fueron distribuidas a distintos centros de detención ilegal (denominados centros de contención). Las personas que estaban en la sección que el día 14 de mayo mostraron su descontento, fueron trasladadas hacia un lugar en el departamento de Morazán. Las personas de otra sección fueron
trasladadas al centro de detención de Ciudad Mujer, en el cantón Lourdes, del municipio de Colón. De las personas de la otra sección no se obtuvo información.

Para la mayoría de estas personas, la Sala Constitucional (SC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un Hábeas Corpus 205-2020, del 25 de abril de 2020, decretó las medidas cautelares contenidas en el considerando VI, número 1, apartado A y B de esa resolución, en relación a que las personas “deben ser conducidas a su lugar de residencia para que cumplan obligatoriamente con la cuarentena domiciliar ordenada, previa realización de las pruebas de Covid-19″.

FESPAD consideró que el cumplimiento de las decisiones judiciales, incluso las medidas cautelares, adoptadas en los procesos de protección de derechos fundamentales, de modo especial en el hábeas corpus, es una obligación de todas las autoridades públicas, primero, en virtud de la propia eficacia de dichos procesos constitucionales (arts. 11, 172 inc. 1° y 247 Cn.); segundo, por exigencia del principio de legalidad o juridicidad de las actuaciones públicas (art. 86 Cn.) el cual prohíbe la arbitrariedad; y tercero, como efecto de la supremacía y fuerza normativa de la Constitución, cuyo alcance e interpretación es competencia en última instancia de esta Sala.”

Ante los hechos verificables de que las personas aún se encuentran en detención arbitraria; FESPAD aseguó que podría estarse configurando, por parte de lasautoridades obligadas a cumplir la resolución de la SC, lo establecido en los artículos 244 y 245 de la Constitución; así como el tipo penal de “desobediencia” establecido en el artículo 322 del Código Penal; por loq que dijeron que es facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las diligencias respectivas de acuerdo a la ley. Además, en relación a lo que establece el artículo 264.

«Hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que cumplan con el ordenamiento jurídico establecido, para que sus actuaciones estén apegadas a la ley. Que tomen en consideración lo establecido en el artículo Art. 245 de la Constitución que dice “Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución.”, reza un comunicado de la institución.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, expicó que de todos los pacientes albergados en el centro de contención Monte Carmelo, 5 salieron positivos de COVID19 y estuvieron en contacto con todos los demás.

Los reubicados que habrían dado positivo a COVID-19, deñalaron que las autoridades no les mostraron los resutlados de las pruebas, y mientras eran trasladados, denunciaron que se les amenazó con la PNC y la UMO si no colaboraban.

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