Texto por: Tomás Andréu
No había alcanzado los treinta años de edad cuando en 1998 puso tras las rejas a un militar hueso duro de roer: Augusto Pinochet. Su logro judicial hizo que los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica le endosaran la mejor de sus simpatías. Algo que pervive hasta ahora.
Almudena Bernabeu es abogada. Es española. Desde el año 2002 empezó a laborar en el Center for Justice and Accountability (Centro de Justicia y Responsabilidad). Su vida transcurre entre Estados Unidos, España e Inglaterra. También tiene fuertes vínculos con Latinoamérica. En 2016 dio con uno de los responsables de haber asesinado al cantautor chileno, Víctor Jara. Le quitó el agua a un pez gordo: el teniente Pedro Barrientos. El exmilitar está radicado en Miami, Florida. Podría ser extraditado a Chile, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca pone el caso cuesta arriba. Pero no solo se enfrenta a eso.
El día 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados por el Ejército de El Salvador seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). En ese momento el país tenía como presidente a Alfredo Cristiani. Para Almudena Bernabeu el mandatario del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) sabía que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) atentaría contra la vida de los intelectuales religiosos. A ella no le cabe la menor duda de que el jefe de Estado no ignoraba los movimientos de la cúpula militar. Esto significa que el expresidente Cristiani no es inocente. La abogada lo explica mejor:
“El conocimiento es uno de los elementos esenciales para poder adjudicar responsabilidad penal a altos mandos y superiores. Y por supuesto a jefes de Estado”.
De la mirada de la abogada española no queda fuera el actual gobierno de El Salvador. Almudena Bernabeu no se ciega y sabe que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también tiene manchada las manos de sangre:
“Han adquirido poder político, porque fueron parte de la negociación de la paz y porque tienen sangre en las manos. Y un miedo —en mi opinión— irracional a las consecuencias”.
¿Qué opinión tiene ahora que la Sala de la Constitucional ha declarado ilegal la Ley de Amnistía de 1993?
Era un paso crucial y necesario para romper el ciclo de impunidad en El Salvador que tanto ha afectado en la capacidad de ese país —de verdad— de reconstruirse y de funcionar tras la guerra.
¿Qué significa la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en el caso Jesuita, es decir: extradición?
Digamos que la eliminación de la ley tiene varios efectos. En El Salvador —tristemente— solo se ha materializado uno: el dejar en efecto su aplicación respecto del coronel Guillermo Benavides a quien se le aplicó y conmutó la sentencia que se le aplicó en 1991. Esto es realmente triste, porque aunque técnicamente correcto, no ha ido más allá. Es decir: no ha analizado en hecho de que Guillermo Benavides —aunque responsable— fue la cabeza de turco y quien pagó por la responsabilidad del Alto Mando del Ejército en su totalidad. Fue el Alto Mando el que decidió y orquestó el asesinato de los jesuitas. No Guillermo Benavides. Su responsabilidad fue recibir la orden y asegurar la ejecución del crimen… Pero esa responsabilidad es la de todos [los miembros del Alto Mando]. No la de uno solo. La [ilegalidad de la] Ley de Amnistía debería surtir un efecto muy importante. Sin embargo, los jueces en El Salvador han decidido ignorar la solicitud de arresto internacional y posterior extradición de los imputados en el caso [judicial] de España, pues el alegato es que es cosa juzgada. Y esto es jurídicamente incorrecto y no es un documento legal aplicable [debido a] la Ley de Amnistía. Según esta lógica, al no haber Ley de Amnistía, ya no hay obstáculo para no extraditarles. O en su caso: para no juzgarles en El Salvador. Seguimos esperando [justicia].
Si no ocurre la extradición, ¿qué le queda por hacer a El Salvador en el caso Jesuita?
Juzgarles.
La exguerrilla del FMLN en su época de partido de oposición vociferaba que se derogara la Ley de Amnistía. Ahora en el poder ha pedido que no hay que abrir las heridas y se pliega a los discursos de la derecha. ¿Por qué cree que ocurren estos cambios de discurso?
Porque han adquirido poder político, porque fueron parte de la negociación de la paz y porque tienen sangre en las manos. Y un miedo —en mi opinión— irracional a las consecuencias. Creo que deslegitiman la revolución que intentaron ganar y se están poniendo —por poder— a la altura de las estructuras tradicionales de poder político y económico que ellos tanto pelearon.
Recuerdo que al inicio de la gestión presidencial de Sánchez Cerén hubo buenas intenciones para no entorpecer la extradición de los militares involucrados en el asesinato de los jesuitas, sin embargo, el vicepresidente Óscar Ortiz pidió que los militares involucrados no fueran extraditados. ¿Cómo evalúa esto?
Muy negativamente y con terribles consecuencias para El Salvador y su gente.
El diputado Rodolfo Parker ha hablado sobre hacer una nueva Ley de Amnistía. ¿Qué piensa de eso? ¿Es posible?
Creo que es legalmente posible, pero es un error y no creo que la comunidad internacional lo permita.
El Salvador tuvo una preguerra. ¿Qué sucede con los casos desde 1970 y que no figuran en la Comisión de la Verdad? Por ejemplo: Los asesinatos de Roque Dalton y el empresario Roberto Poma.
Sería muy importante investigarlos. Sé que las familias lo están intentando…
¿Cómo debe de actuar la Fiscalía con aquellos casos que ya están avanzados o concluidos en sus investigaciones?
Pues debería agilizar la investigación, reducir resultados, abrir nuevas investigaciones y ser no solo ministerio fiscal, sino ser garante de los derechos de las víctimas.
¿Por qué la población salvadoreña ve la resolución de la Sala de lo Constitucional como una afrenta que viene a subvertir el orden y a empeorar el panorama que vive el país?
No estoy segura de que la gente de El Salvador lo vea así. El tema lo han manipulado las fuerzas políticas y los medios de comunicación, pero yo no creo que ese sea el sentir de la gente de a pie.
¿Qué tanto puede aportar la extradición del coronel Inocente Montano al caso jesuita?
Permitiría abrir el juicio en la Audiencia Nacional, presentar todas las pruebas y hacer algo de justicia.
¿Cuál es el aporte —si existe— de la novela Noviembre de Jorge Galán? ¿Realmente aporta algo?
Quizás el aporte es más simbólico que probatorio. Pero si es relevante. Tantos años después [esperando] tener las palabras de Alfredo Cristiani en audio describiendo él a los militares del Alto Mando como los responsables del crimen, pues creo que eso es un aporte importante.
¿Dónde queda la figura del expresidente Alfredo Cristiani? ¿Cómo ve usted que haya enviado a España a un excomandante guerrillero para abogar por él?
Creo que de alguna manera corrobora su responsabilidad. Si fuera inocente, ¿por qué molestarse tanto?
Desde su experiencia: ¿El expresidente Cristiani sabía sí o no del asesinato de los jesuitas? ¿Qué tipo de prueba o indicio tiene al respecto?
Sí. Estuvo en comunicación telefónica con el Alto Mando del Ejército todo el tiempo. Se discutió —como ha confirmado Benavides, Camilo Hernández (miembros de la DNI)— que todas las decisiones eran comentadas con el presidente. Y aunque no se le pedía permiso —dado el poder que tenían los generales— sí supo en todo momento lo que iban a hacer. No tengo duda. Creo que la prueba indicara —y el sentido común también es importante— que para eso existen las teorías de responsabilidad penal indirectas. Él era el presidente. ¿Crees que alguien puede inferir de ello que [el expresidente Cristiani] desconocía por completo una operación militar de la envergadura que llevaron a cabo?
Saber no es igual a dar una orden ¿Cómo podría solventarse esto en el ámbito judicial en el caso del expresidente Cristiani?
El conocimiento es uno de los elementos esenciales para poder adjudicar responsabilidad penal a altos mandos y superiores. Y por supuesto a jefes de Estado.
Me da la impresión de que quienes han entorpecido más la investigación ha sido el gobierno del FMLN más que el partido ARENA. ¿Me equivoco?
Creo que los viejos areneros han sido mucho más duros y la han obstaculizado mucho más.
¿Qué análisis hace de la firma de la paz en Colombia entra las FARC y el gobierno?
Es un esfuerzo importantísimo y un paso histórico de las FARC. Un proceso terriblemente complicado que lamentablemente se ha visto debilitado tras el plebiscito y la reforma del acuerdo. La paz, sin embargo es inevitable. Ahora hay que construirla y esa es la parte más dura. Yo tengo muchas esperanzas.
El analista Heinz Dieterich me decía en una entrevista que las amnistías son inevitables en contextos bélicos. ¿Los protagonistas de una guerra pueden pasar a un escenario político sin darles la espalda a las víctimas?
Solo estoy de acuerdo con esta afirmación si solo son andamios temporalmente inevitables. Es decir: la amnistía permite concluir el conflicto, cesar la violencia, pero si no hay responsabilidad, castigos y reconocimiento de las víctimas, pues no hay futuro para esa paz inicial.
¿Qué rumbo lleva en este momento el caso Víctor Jara?
En estos momentos se sigue adelante el proceso para la extradición de Barrientos, ojalá que sea extraditado a Chile, pero con la administración de Trump, lo dudo.
¿Qué tan importante son los gobiernos para resolver crímenes de guerra o de lesa humanidad?
Los gobiernos no son muy importantes ni son de gran ayuda, porque en muchas ocasiones son ellos los responsables de tales crímenes. Pero la separación de poderes en un contexto de democracia y las fuerzas jurisdiccionales y su capacidad de sostener esa independencia —de la que por cierto carecen muchos jueces en El Salvador— es vital.
