El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy miércoles la «muerte cruzada», un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional (Congreso), llamar a elecciones generales y gobernar por decretos durante seis meses.
«Esta es una decisión democrática. Para dar una salida constitucional al Ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto 741», dijo Lasso en una cadena nacional al país.
Añadió que, vía decreto, ha solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos, que terminan en el año 2025.
«Esta es la mejor decisión posible que nos abre el camino a recuperar la esperanza (…) y permitirá al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas», dijo Lasso.
Tras el anuncio del mandatario desde el Palacio de Gobierno, en Quito, la sede de la Asamblea Nacional amaneció resguardada por policías y sus alrededores cercados por vallas metálicas.
En tanto, las Fuerzas Armadas le expresaron su respaldo al jefe de Estado.
La decisión del presidente ocurre en medio de un proceso de juicio político en su contra por presunto peculado, que inició el martes en el Parlamento, controlado por la oposición.
Lasso, que está cerca de cumplir dos años, la mitad de su período, atribuyó su decisión al ataque de la Asamblea a la gestión de su Gobierno, que según dijo, «no tiene límites».
«No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas y los problemas de seguridad con una Asamblea que tiene como objetivo la desestabilización del Gobierno», apuntó Lasso, acompañado de varios ministros.
El mandatario, un exbanquero de 67 años, agregó que a partir de hoy gobernará «sin bloqueos» de la Asamblea, a la que acusó de boicotear el trámite de proyectos impulsados por el Gobierno.
En tal sentido, dijo que el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos-ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por el pueblo.
«He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regrese a sus hogares», anunció.
Apuntó que este decreto-ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
«El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad», abundó.
