Cinco militares bolivianos fueron asesinados el pasado jueves en un ataque perpetrado por una organización narcotraficante. Los uniformados, que formaban parte de una operación para combatir el contrabando y narcotráfico en la zona fronteriza con Argentina, fueron emboscados y quemados vivos dentro de su vehículo.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, denunció que el ataque fue «un acto criminal premeditado» y que «se está llevando a cabo una movilización de los grupos de inteligencia militar para dar con los responsables de esta atrocidad».
Según testigos, la camioneta militar fue forzada a salirse del camino y volcar. Los atacantes aprovecharon la confusión para desarmar a los militares, rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Después del asesinato, los narcos huyeron, dejando tras de sí botellas de gasolina como testimonio del horror.
El crimen ha conmocionado a Bolivia y ha vuelto a poner de manifiesto la violencia que enfrentan las fuerzas armadas en su lucha contra el narcotráfico. Según la oposición, el Gobierno no está tomando las medidas necesarias para impedir que los narcotraficantes se apoderen de las instituciones públicas y establezcan zonas liberadas del control del Estado.
Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, justo detrás de Colombia y Perú. El año pasado, el país reconoció que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o la cocaína refinada. Se teme que este hecho signifique que los carteles de la droga ya han aterrizado en Bolivia.
El ataque contra los militares ha provocado un fuerte rechazo en el país. El empresario y líder opositor Samuel Doria Medina expresó en redes sociales que “el Gobierno debe reprimir rigurosamente a los autores de este crimen para impedir que, a la larga, el narco se adueñe del país”.
