La dictadura de Nicolás Maduro confirmó este domingo la detención de la reconocida activista y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. La noticia generó un fuerte repudio a nivel nacional e internacional.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, señaló que San Miguel fue arrestada por su supuesto vínculo con una conspiración denominada «Brazalete Blanco», que, según el chavismo, tenía como objetivo asesinar al líder bolivariano.
La detención se produjo el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando San Miguel se disponía a tomar un vuelo junto a su hija. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.
Amnistía Internacional (AI) exigió la libertad «inmediata e incondicional» de la activista y pidió el respeto a sus derechos y a la medida cautelar de protección dictada a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
Varias ONG venezolanas, como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, también se pronunciaron en contra de la detención arbitraria de San Miguel y denunciaron la falta de información sobre su paradero.
La detención de Rocío San Miguel se enmarca en un contexto de creciente represión contra la sociedad civil en Venezuela. La dictadura de Maduro ha intensificado en los últimos meses la persecución y el acoso a activistas, opositores y defensores de los derechos humanos.
San Miguel ha sido una voz crítica del régimen chavista durante años. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó una sentencia a su favor, ordenando al Estado venezolano repararla por su despido injustificado de la administración pública en 2004.
