Los bloqueos de carreteras en Guatemala continuaron este lunes por octava jornada consecutiva, en una protesta de indígenas y campesinos que exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de promover un supuesto golpe de Estado para impedir la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo.
La fiscal ha reaparecido en la red social X, amenazando con antejuicios para los organizadores de los bloqueos y protestas.
Porras no se pronunció sobre el motivo que originó las protestas: la exigencia de miles de ciudadanos para que renuncie a su cargo. En cambio, amenazó a las autoridades, incluyendo al presidente, Alejandro Gimmattei, de presentar cualquier otra acción legal si no se disponen a darle fin a los bloqueos, como ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) en un amparo provisional que otorgó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Los miles de ciudadanos exigen la renuncia de Porras y otros funcionarios del MP y del Organismo Judicial (OJ), a quienes señalan de supuestamente realizar acciones para dar un Golpe de Estado. El lunes 2 de octubre pasado, se iniciaron las medidas del paro nacional indefinido, que días antes habían anunciado las autoridades indígenas, acciones que fueron respaldadas por otros sectores sociales.
Amenaza con presentar más acciones legales
La jefa del MP indicó que presentaron ante la CC un recurso de debida ejecutoria al amparo provisional otorgado al CACIF, con el cual se ordenó a las autoridades liberar los bloqueos en carreteras.
Dicho recurso busca que la máxima corte en materia constitucional reitere su orden para que el presidente, el Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ejecuten las acciones necesarias para disolver los bloqueos, entre las cuales figura el uso de la fuerza.
«Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y ejerzan la función con la que fueron nombrados», refirió,
Las protestas en Guatemala se producen en un contexto de creciente tensión política y social. El país está gobernado por una coalición de partidos de derecha que ha sido acusada de corrupción y de favorecer a los intereses de las élites económicas.
Los manifestantes piden la renuncia de Porras por su papel en la persecución de opositores políticos y de funcionarios públicos que han denunciado actos de corrupción. Porras es acusada de proteger a los funcionarios corruptos y de utilizar la Fiscalía para perseguir a sus enemigos políticos.
La fiscal general ha sido sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su papel en la persecución de opositores políticos. La CIDH ha pedido al gobierno de Guatemala que tome medidas para garantizar la independencia del Ministerio Público.
