La Policía Federal abrió esta semana una investigación para saber si hubo crimen de «genocidio u omisión» por parte de funcionarios del Ejecutivo del expresidente Jair Bolsonaro.
Cuerpos a los que les sobresalen las costillas, niños enfermos, ancianas debilitadas por desnutrición crónica, una mujer muerta la semana pasada. La tragedia humanitaria que sufre el pueblo yanomami vuelve a ser objeto de denuncia, pero esta vez no por los indígenas ni por organizaciones de derechos humanos, sino por el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa al expresidente Jair Bolsonaro de cometer un «genocidio».
La situación ha llegado a manos de la Policía Federal que ya investiga si hubo crimen de «genocidio u omisión» por parte de los integrantes del anterior Ejecutivo «ante los reiterados pedidos de ayuda» de los yanomamis.
«Una investigación sin fronteras (…) hubo centenas de documentos oficiales enviados a ministerios y organismos públicos. Ahora esas personas deberán explicar por qué, una vez avisadas, no hicieron nada», explicó el ministro de Justicia Flávio Dino. En su opinión, las penas podrían llegar hasta los 30 años de prisión.
Desde su campaña electoral, Lula prometió combatir la devastación de la selva amazónica, especialmente en las reservas indígenas. Al llegar al gobierno creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas y colocó a una indígena al frente, la conocida activista Sonia Guajajara, convertida en la primera ministra indígena de la historia de Brasil.
Otro cambio relevante fue poner a Joenia Wapichana, primera diputada indígena en este país, al frente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que fue rebautizada como Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas porque la palabra «indio» se considera discriminatoria.
Este organismo estatal para los asuntos indígenas quedó muy militarizado y con sus competencias diezmadas por la acción de Bolsonaro. El Ejecutivo de Lula destituyó esta semana a más de 40 uniformados de la Funai. Unos movimientos políticos que se han notado de manera inmediata.
El Gobierno ha ofrecido datos estremecedores: en 2022 murieron 99 niños yanomamis por desnutrición, neumonía o diarrea –todas enfermedades evitables–, y en los cuatro años de gestión de Bolsonaro fallecieron 570 menores en todo el territorio.
Un equipo del Ministerio de Salud viajó la semana pasada a la zona para estudiar la situación. Cuatro días después se declaraba el estado de emergencia de salud pública. Más de 1.000 indígenas han podido ser atendidos, y los casos más graves son trasladados a Boa Vista, la capital de Roraima, estado fronterizo con Venezuela. Hay más de 50 niños en cuidados intensivos.
Acompañado por Wapichana y Guajajara, y otros cargos gubernamentales, Lula visitó Roraima y fue tajante al decir que estaba «estremecido», culpó a Bolsonaro de cometer un genocidio y anunció la lucha contra el ‘garimpo (minería ilegal)’.
Explosión del ‘garimpo’
La Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, está distribuida entre el estado de Amazonas y Roraima y viven unos 29.000 indígenas, en aproximadamente 350 comunidades de yanomamis, ye’kwanas y varios grupos aislados.
Los pueblos indígenas han denunciado sin descanso dentro y fuera de Brasil, incluso ante el Tribunal Penal Internacional, el drama que sufren. Se calcula que hay unos 20.000 ‘garimpeiros (mineros ilegales)’ en su zona y muchos están vinculados a bandas como el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, que domina el narcotráfico en Roraima.
Desde los años 70, en plena dictadura militar (1964-1985), los ‘garimpeiros’ ya agravaban la deforestación, generaban violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria –luego el covid– y estimulaban la entrada de drogas y alcohol en las comunidades ancestrales.
Siempre han utilizado el mercurio para separar el oro de otros sedimentos y este se disemina en el suelo o en el agua de los ríos, por lo que las personas se contaminan tras la ingesta de pescado infectado.
Pero la situación se agravó de manera exponencial durante la gestión del ultraderechista, donde se produjo una explosión del ‘garimpo’. Bolsonaro desmontó la políticas públicas, defendió la legalización de la minería, promovió la agroindustria, a las empresas mineras y llegó a vetar artículo claves que garantizaban a los indígenas el acceso a servicios básicos como agua potable, material de higiene o cestas de alimentos básicos.
Aunque la Justicia le obligó a recular antes estas últimas medidas, el plan que planteó cuatro meses después fue ampliamente criticado. Nada o casi nada se hizo.
La devastación de la selva a base de deforestación e incendios batió récords, mientras la retórica incendiaria de Bolsonaro iba incentivado el avance de otros crímenes ambientales ante las críticas internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en julio al Ejecutivo proteger los derechos básicos de los pueblos indígenas. No obtuvo respuesta.
Oro ilegal
El ministro de Justicia, Flávio Dino, asegura que una vez solucionada la crisis de salud, el plan es realizar un proceso de desplazamiento de los mineros ilegales de estos territorios. Pero sacarlos no será fácil.
La reserva mide casi 100.000 kilómetros cuadrados, algo más que el área de Portugal, y los mineros están diseminados en lugares remotos, de difícil acceso, y tras décadas en la zona están más que asentados –han ido construyendo campos de fútbol, bares, restaurantes– y su actividad genera enormes intereses políticos y económicos.
Se calcula que la mitad de la producción de oro en Brasil, que supera la 100 toneladas anuales, es ilegal y representa unos 2.500 millones de dólares (2.294 millones de euros) en el mercado. Dino explicó que el Gobierno trabaja para declarar inconstitucional una ley de minería vigente, que fomenta la «circulación de oro ilegal» y que permite que se compre sin cumplir ciertas pautas, ya que se presume de «la buena fe» de los vendedores sobre el origen de la mercancía.
«La ley tiene que ser cumplida. No hay negociación posible (…) Y no puede haber exploración privada sin autorización, son tierras de la Unión (…) La cadena productiva debe velar por la ética del negocio y transformar los productos ilícitos en lícitos», concluyó.
