El ataque de un grupo armado en Etiopía el pasado sábado acabó con la vida de más de 200 personas, convirtiéndose en uno de los más mortíferos en la historia reciente del país, donde las tensiones étnicas se van agudizando.

La masacre se produjo en la región de Oromia, en el oeste del país. Los testigos responsabilizan a un grupo rebelde, que rechazó las acusaciones.

Un habitante del condado de Gimbi que logró escapar de la matanza, Abdul-Seid Tahir, comentó a AP que contó personalmente 230 cadáveres y calificó lo sucedido como «el peor» ataque contra civiles que se recuerda en la zona.

Otro residente contó a The Guardian que se enterraron a 260 personas, entre 50 y 60 de ellas en tumbas individuales, mientras que un tercer testigo elevó la cifra a 320 muertos.

La mayoría de los asesinados eran miembros de la etnia amhara, que se estableció en la zona hace unos 30 años en el marco de un programa de reubicación. Los testigos entrevistados por ambos medios culparon al grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo.

En un comunicado de prensa, la gobernación de Oromia también culpó a esa agrupación, afirmando que los rebeldes «atacaron al no ser capaces de resistir el operativo lanzado por las fuerzas de seguridad» federales. Sin embargo, un vocero del grupo, Odaa Tarbii, negó las acusaciones.

«El ataque al que usted se refiere fue perpetrado por las fuerzas del régimen y la milicia local, que se retiraba de su campamento en Gimbi tras nuestra ofensiva reciente», declaró en un mensaje para AP.

Entretanto, los testigos temen que ocurra otra matanza. Uno de ellos afirmó que la comunidad amhara «está siendo masacrada como pollos«, mientras que otro expresó que los miembros de la etnia están buscando desesperadamente una reubicación por el miedo a más agresiones.

«Los estamos sepultando en fosas comunes y seguimos sacando muertos. Ya llegaron unidades del Ejército, pero tenemos el temor a que si se van, seguirán los ataques», comentó Abdul-Seid Tahir.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, condenó la masacre y declaró que «los ataques contra civiles inocentes y la destrucción de sus medios de vida por parte de las fuerzas ilegales e irregulares son inaceptables«.

El mandatario aseveró que el Gobierno tiene «tolerancia cero con los horribles actos» cometidos por «elementos cuyo principal objetivo es aterrorizar a las comunidades».

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