Catalino Miranda: “Durante la cuarentena, que se paró el transporte colectivo se dejaron de mover alrededor de $50 millones mensuales”

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Presidente de FECOATRANS, Catalino Miranda dice que en las 10,542 mil unidades de transporte entre buses y microbuses en El Salvador se transporta a 4.2 millones de salvadoreños diariamente, es decir el 70 % de la población diario de acuerdo a los estudios.
Se debe dinamizar la economía e inyectarle a la micro, pequeña y mediana empresa, quienes mueven en gran porcentaje la economía en el país, añade que debe haber una justicia social.
“Los transportistas le deben a la banca alrededor de $200 millones, si no hay políticas de Estado ese dinero puede entrar en cuidados intensivos el próximo año, indica y agrega que la economía debe saberse dinamizar”.
El 24 de agosto no se puso compromiso a la administración Bukele, no porque el Gobierno lo impulsaba, sino porque en alrededor de 5 meses que el transporte estuvo detenido, vimos cómo la gente con tal de no perder el trabajo caminaba o pagaba de $3.00 o $5.00.
Catalino, dice que enviaron a los trabajadores del transporte colectivo a charlas con el Ministerio de Salud y el VMT para que conocieran realmente la magnitud del COVID19 y se familiarizaran con los protocolos a implementar en la reapertura de la economía.
Durante los primeros meses críticos de la pandemia, Catalino, dice que, a pesar que en cada empresa hay 200 0 400 buses guardan una reserva legal, esta se agotó en los primeros 2 meses de la cuarentena.
“Los empresarios del transporte colectivo tienen que hacer pagos de planilla, canasta de repuestos, control satelital, GPS, pago de cámaras de seguridad, y proveedores de aceite (…) La empresa a la que representó adeuda cerca de $14 millones más a la banca”.
Catalino Miranda: “Durante la cuarentena, que se paró el transporte colectivo se dejaron de mover alrededor de $50 millones mensuales”.
Lo mejor es que vayan liberando la tarifa en vista de mejoras para la población, dijo el presidente de FECOATRANS y añadió que por supuesto que el Gobierno debe controlar el apoyo al 30% de la población de escasos recursos.

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