Pensiones de máximo bienestar; De protección social, salud contributiva y vejez en COVID-19 – por Aldo Hernández

0
406

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), el máximo bienestar posible físico, psicológico y social es la definición más sencilla, sintética y abarcante de: Salud. Y aclara que no solo se refiere a la ausencia de enfermedad. El punto es teóricamente claro, sin embargo, en la vida práctica socioeconómica, política y cultural presenta una abismal distancia, dado que para asegurar que esa definición sea concreta, no solo debe materializarse en buenos deseos, discursos rimbombantes, planes estratégicos, líneas consecuentes, objetivos trazados, y actividades plasmadas en planes de gobierno de miles de páginas, también se necesita dinero. Sí, dinero, sin más vueltas conceptuales de porcentajes, tasas, capitales, rentabilidad, etc. Se ocupa dinero, dinero que cubra cada rubro necesario, de cada persona, en cada etapa de su vida.

Sin olvidar que parafraseando muchos principios marxistas de El Capital de Marx, el dinero es simplemente una forma que transforma en números la acumulación de valores obtenidos a través de la fuerza de trabajo cuya fuente es el desgaste de la vida. Así, en una lógica simple, si dinero equivale a fuerza de trabajo y fuerza de trabajo equivale a vida desgastada, el dinero es vida.

Ambas premisas nos ayudan a vincular dos conceptos complejos: salud y pensiones.

Parece obvia la vinculación, sin embargo, cuando se trata en la realidad, los temas de pensiones, se relegan a economistas, banqueros, empresarios, contadores, administradores de empresas y políticos, dado que el tema se ha reducido a una visión neoliberal de negocio, basta revisar someramente el entuerto (Según Chowsy) de la compra de los Certificados de Inversión Previsional en 2006, los cuales en esencia se enfocaron en los fondos ahorrados de los trabajadores administrados por empresas privadas, en un mero capital al que hay extraerle beneficios monetarios asociados a un mercado impredecible de valores. Ahí, no se valoró nada sobre la maximización en favor de las personas de la tercera edad que disfrutarían en su vejez los frutos de su ahorro del trabajo de toda una vida. Fondos que se usarían para cubrir las necesidades de bienestar para prevenir la enfermedad y discapacidad provocada por el mismo desgaste laboral y efectos de la senescencia.

Así, cuando hablan de las AFP o Inpep, no son temas de salud, sino temas financieros donde usan palabras técnicas cuya jerga es exclusiva de los asesores económicos de los empresarios y administrados de empresas, pero que no son de asimilación del trabajador, su esposa o del personal que trabaja en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), mucho menos de médicos u otros trabajadores de salud, como enfermeras o educadores de salud. Es un tema de élite, un tema para políticos tras bambalinas.

El tema de las pensiones no solo es la forma más concreta y cotidiana de salud, sino que se encierra en todo un análisis esquemático, así:

Un sistema de protección social (Cobertura, beneficios, administración y financiamiento) como política obligatorio estatal, implica la garantía de un sistema de seguridad social, el cual involucra la salud contributiva, a través mayoritariamente del ISSS, donde cada trabajador contribuye para nueve beneficios (asistencia médica, enfermedad, vejez, maternidad, discapacidad, desempleo, muerte, beneficios a sobrevivientes) y las pensiones, por medio del Sistema de Administración de Pensiones (SAP). En pocas palabras la pensión es dinero para hacer posible salud (Bienestar máximo) durante la vejez.

La salud contributiva pública desarrollada a través del ISSS implica la satisfacción de múltiples beneficios, cuya protección abarca, según datos de la misma institución cruzados con la DIGESTYC, a un porcentaje del 25% de la población económicamente activa (PEA), es decir 25 de cada 100 salvadoreños tiene acceso al ISSS, al igual de las pensiones de datos, hasta el 2016, casi el 25% de trabajadores tiene en su haber inclusión en el sistema de pensiones, así, solo 2 a 3 de cada 10 personas están ahorrando para su pensión.

Sin tomar en cuenta que para acceder al beneficio en sí, de pensionarse debe haber cotizado 300 veces, es decir de 15 a 25 años y a la vez, cumplir 60 años en el hombre y 55 en la mujer. Y este diagnóstico de salud contributiva se vuelve más sombrío al descubrir que según expertos como Mesa-Lagos, advierte de los datos, donde apenas el 11% de pensionados habrá alcanzado su monto óptimo para pensionarse, y el resto deberá acceder a menos de la mitad de lo que debe.

También, en cuanto a rentabilidad, es decir que tantos intereses se han ganado al ahorrar, son mínimos, casi que solo tendrán acceso a lo mínimo, donde al tomar referencia el sistema antiguo de reparto (donde todos ahorraban y se dividía igualitariamente) equivale a prácticamente la mitad. Eso es deplorable, teniendo entendido el aumento del costo de la vida progresivamente y el deterioro de salud.

Esta enfermedad socioeconómica verificada es asociada al traspaso de un sistema a otro sistema de administración, ocurrido en 1998, donde, al resumir todos los detalles financieros y económicos, cada quien ahorra o suyo para sí y quienes administran ese proceso de ahorro son privados cuya perspectiva esencial es la ganancia máxima de ellos sin valorar el constante esfuerzo de ahorro del cotizante. Y esa no es una apreciación solo política o sociológica, tampoco solo una valoración cotidiana, también luego de una serie de estudios técnicos, se concluye en ello, de tal manera, que de 30 países que ingresaron en 1981 a ese sistema privado de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), 18 se habían retirado para 2018 y no solo se ha catalogado como: fracaso sino que hay once pasos para revertirlo. (Leer: La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina [2000-2018], OIT-2019).

Todo lo anterior implica que las pensiones solo son vistas como dinero para ser invertido y obtener ganancias a favor de los negociantes. Aparte que el garante de la salud, el Estado, se ha vuelto un endeudado quien debe pagar el costo de pasarse al sistema, pagarle a quienes recibieron pírricas pensiones por pasarse y pagarle a los prestamistas internacionales que le prestaron para pagarle a todos. Este estado endeudado deja de enfocarse en salud para atender deuda.

Ahora la vejez, ese estado fisiológico donde cada aparato y sistema corporal disminuye en mayor porcentaje, casi en un 60% su función.

Su sistema locomotor se vuelve menos robusto y capaz para desplazarlo, implicando ingresos para modificar aspectos de su vivienda, aparte de volverlo propenso a más accidentes, esto tomando en cuenta, que dada la tragedia de las AFP, muchos siguen trabajando, lo cual implica sumarle los accidentes laborales (cubiertos por ISSS).

En torno a problemas cardíacos, renales, endócrinos y pulmonares, estos se presentan, tanto asociado al aspecto de su biología y como resultado de enfermedades profesionales, requiriendo atenciones permanentes, continuas y más frecuentes de médicos.

Además, en cuanto al aspecto de salud mental, ante la transición de estar activamente en sus trabajos a pasar a sus casas (quienes pueden hacerlo), requieren ingresos de dinero para incluir en su presupuesto, el rubro de recreación para evitar ser víctimas de enfermedades mentales.

Sin olvidar que su fisiología lo convierte en blanco seguro de complicaciones de enfermedades infecciosas, y en este contexto de pandemia, de la COVID-19. Eso lo lleva a ser más riesgo de muerte o discapacidad, siendo su perfil elegible para los beneficios de discapacidad y hasta de seguro de muerte para sus familiares.

Es en la senectud donde se encuentra más vulnerable a sufrir en su diario vivir ciertas situaciones de limitaciones, además de ser el momento social, donde es producto de los desgastes del trabajo, incluidos enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y finalmente, desde la óptica económica, puede disfrutar de sus ahorros con las respectivas ganancias, se vuelve una situación frustrante, dado que su pensión es ínfima y la vida no es la más favorable.

Si se entiende la salud como bienestar integral, donde alimentación sana, vivienda digna, medicamentos, vestuario, servicios básicos disponibles son medios claves que la determinan, y la pensión, una parte inherente para garantizar todo ello en la vejez, entonces, se debe revertir el proceso patológico económico que puso al centro el negocio y volver a colocar como eje principal el máximo margen de ganancias por ahorro de quienes cotizan, tanto la seguridad social administrada por el ISSS (entre otros como: Ipsfa, ISBM, Inpep) como la de las pensiones.

Eso implica que el Estado vuelva a retomar su papel protagónico en ello, luego de una consulta popular a las grandes mayorías, transformaciones legales e institucionales, así como el remozamiento de los procesos como el desmontaje del actual sistema neoliberal fracasado.

La salud integral para una vejez digna, es decir el bienestar máximo, el meollo de una pensión que valora el esfuerzo del ahorro, es la premisa a retomar para transformar ese decadente y antiético sistema de pensiones que ha sido impuesto por más de dos décadas.


Por: Aldo Hernández 
Doctor en Medicina 
Profesor universitario de Anatomía Microscópica de la Universidad de El Salvador (UES) 
Médico de Clínica Metabólica del ISSS 
Investigador de la UES

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here