Polémica en Colombia después de que la canciller responsabilizó ante la ONU a una minoría de infiltrados de las muertes ocurridas en las protestas

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Marta Lucía Ramírez participó en el Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU para hablar de los avances del acuerdo de paz, firmado en 2016 con las extintas FARC.

La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, provocó mucha polémica al afirmar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la pandemia de covid-19 fue la razón de las protestas sociales en el país, y que las muertes registradas en las manifestaciones fueron consecuencia de una minoría de infiltrados, negando así los múltiples abusos de las fuerzas de seguridad documentados por organismos internacionales.

En el marco del informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sobre los avances del acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ramírez dijo que las protestas sociales registradas en Colombia desde el pasado 28 de abril, “no obedecen al incumplimiento” por parte de Iván Duque de los compromisos adquiridos por el Estado.

En cambio, la canciller afirmó que las multitudinarias manifestaciones son “consecuencia del dolor que vive la humanidad entera por cuenta de una pandemia que se ha llevado a millones de personas y empobrecido a millones de seres en todo el planeta”.

Esa es la razón principal de la gran insatisfacción que hay en Colombia”, agregó Ramírez desde la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU.

Fallecimientos

En el marco de las protestas antigubernamentales, las fuerzas de seguridad de Colombia reprimieron las movilizaciones con “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) documentó 34 muertes en el contexto de las protestas sociales hasta el 9 de junio. De esta cifra, 20 defunciones fueron atribuidas a la Policía, y en 16 casos, se comprobó que los uniformados utilizaron “municiones letales” en contra de manifestantes desarmados.

Pese a los señalamientos de organismos internacionales sobre la criminalización de las protestas y los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales, la canciller colombiana afirmó este martes que las muertes contabilizadas fueron responsabilidad de una minoría que se infiltró en las movilizaciones.

“Estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro Gobierno apoya y protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, agregó Ramírez.

Al referirse a los casos de vandalismo que tuvieron lugar durante las protestas sociales, la canciller colombiana señaló que fueron parte de un “proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas” en el país.

Sin ofrecer mayor detalle, la ministra de Exteriores explicó que el Gobierno vio en las protestas sociales una “extraña coincidencia” con el proceso electoral que se avecina. “Desafortunadamente, hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia”, agregó.

Respuesta a las declaraciones

Las declaraciones de Ramírez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas generaron una ola de reacciones de representantes ante el organismo, políticos colombianos y defensores de derechos humanos.

El representante de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, lamentó el “deterioro” de la situación de seguridad en Colombia y la “falta de progreso” en la implementación del acuerdo de paz, principalmente en lo referente a la reforma agraria y los esfuerzos de sustitución de cultivos ilícitos.

En tanto, el representante del Gobierno de EE.UU. ante el organismo, Jeffrey DeLaurentis, destacó el inicio de un diálogo nacional en Colombia para abordar las protestas sociales.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, apuntó en su cuenta de Twitter que la canciller colombiana había olvidado decir que hay “evidencias sólidas que apuntan a miembros de la Policía en al menos 25 homicidios” registrados durante las protestas.

Por su parte, el senador opositor Iván Cepeda, de Polo Democrático, calificó como una “vergüenza internacional” que Ramírez atribuyese las muertes de manifestantes al vandalismo.

“Cree que los gobiernos del mundo ignoran los crímenes de Estado que se han perpetrado en Colombia”, expresó en su cuenta de Twitter.

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