Este jueves en la entrevista de Encuentro con Julio Villagrán, el presidente de La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros y la abogada de Cristosal, Irene Gómez, dialogaron sobre el caso de la masacre El Mozote ocurrido el 11 de diciembre de 1981 y continuando en días posteriores, que dejó a casi mil víctimas mortales de 7 comunidades, entre ellas, niños menores de 12 años incluidos recién nacidos, además de mujeres embarazadas y adultos mayores.
Con el paso de los años este caso ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció una sentencia contra el estado salvadoreño y obliga a la implementación de mesas de diálogos y resarcir daños a las víctimas, las cuales algunas han sido cumplidas y de beneficio para los actuales habitantes de la comunidad El Mozote y lugares aledaños.
“Se logró establecer una unidad de salud en El Mozote, inaugurada por la Ministra de Salud, Violeta Menjivar, despues de eso hubieron otras obras más, como una concha acústica, la construcción de un Complejo Educativo en El Mozote, además de la mejora de otras escuelas de las comunidades aledañas, se construyeron 7 kilómetros de carretera en conexión con Arambala… La junta directiva visitó a Nayib Bukele, él nos recibió y brindó varias promesas para echar andar la sentencia de la Corte, continuar con las mesas de diálogo, se ha mantenido la mesa de salud con un equipo de médicos atendiendo las necesidades de los pobladores de la zona norte. En Lourdes Colón se ha abierto una nueva mesa de diálogo” explicó Claros
La abogada por su parte, explicó que existe un proceso judicial para condenar a los perpetradores de esta masacre, la cual inició en 2016 y afirmó que se cuenta con una enorme cantidad de pruebas periciales, peritajes, testimonios e inspecciones en el lugar de los hechos, generando que el caso esté lo suficientemente probado, sin embargo denuncian que actualmente el proceso se ha paralizados desde la que una nueva jueza es la encargada del caso, tras la destitución del anterior juez con la reforma judicial ocurrida en 2021.
“El proceso desde que entró la nueva jueza el caso está detenido completamente a pesar que ya íbamos a la parte final del proceso, los que representamos a las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, no se nos da acceso al expediente judicial y eran más de 180 piezas ahora son 133 piezas judiciales y 53 administrativas, pero el juzgado ha recortado las piezas a como ellos han querido y sin informar a las partes… Existe un patrón de impunidad en todos los casos del conflicto armado, donde se protegen a los criminales de guerra, luchamos para que haya una sanción para estos criminales y las víctimas encuentren una verdadera justicia” informó la abogada
Gómez denunció que la jueza que lleva el caso actualmente quiere obligar a las víctimas que acepten ser representadas por la Fiscalía General de la República y que quieren desplazar a Cristosal del caso.
“Hay una resolución de la jueza donde quiere obligar a las víctimas que Fiscalía General de la República las represente, pero ellos ya han decidido quienes le representen, no se nos notifica resoluciones a pesar que somos los representantes, juzgados están haciendo un nuevo registro de víctimas cuando este ya existe… Desde que se inició el proceso en 2016 han muerto 148 personas, están muriendo en ambas partes y sin que las víctimas tengan una verdadera justicia, el proceso judicial lleva casi 4 años que se está dilatando, desde que entró la nueva jueza y nos quieren separar del caso como representación judicial y son ellos los que no han dado poder para representarlos” denunció Gómez.
