Este miércoles en la entrevista matutina de Encuentro con julio Villagrán, el director ejecutivo de FESPAD, Henri Fino, manifestó que el régimen de excepción está regulado en la Constitución de la República, y es específicamente para situaciones extraordinarias, por lo que consideró que en el caso de la seguridad pública no es una situación extraordinaria, es de la agenda diaria de cualquier Gobierno.
Fino afirmó que existen personas que han sido detenidas ilegalmente bajo el régimen de excepción, a quienes sus familiares han comprobado que no tienen ninguna vinculación con las pandillas. Recordó que son 111 personas fallecidas dentro de los centros penales sin que ellos tuvieran alguna participación en estos grupos delincuenciales.
“Hay una sensación de seguridad, no se puede negar, sin embargo, esa sensación también ha opacado otra cantidad de cosas como las reformas a las leyes”, consideró.
Asimismo, afirmó que como defensores de derechos humanos, no están en contra de que se procese a las personas que han cometido delito, de lo que se está en contra es que se les condene en ausencia total y absoluta de la justicia. Además, aseguró que en ninguna parte del mundo como medida extraordinaria se priva a un procesado del derecho de defensa como se ha privado en El Salvador
“Qué es lo que sucede, que el régimen no quiere que el pueblo salvadoreño piense, se informe y critique”, señaló Fino.
El director de FESPAD consideró que encarcelar a todos los pandilleros no resuelve de raíz el problema, ya que únicamente se está tratando con represión. Además, resaltó que hay muchas personas que han nacido dentro de las pandillas y nunca han vivido en una sociedad normal, y hay otros que producto de las condiciones sociales mismas, se integraron a las pandillas, y es a estos a quienes hay que reinsertar.
“Dicen que los derechos de los delincuentes son los que se están violando y no es así, es el respeto a los derechos de todo el pueblo, porque el régimen de excepción no le ha suspendido derechos constitucionales a los delincuentes, nos lo ha suspendido a todos”, Expresó Fino.
En este sentido, indicó que la procuradora para la defensa de los derechos humanos no se ha pronunciado al respecto y que dentro del mandato de la procuraduría está el tema de los centros penales, sin embargo a esta fecha la PDDH no ha tenido absolutamente ninguna presencia sobre esta situación.
“La procuradora está siendo cómplice, porque el hecho de que ella guarde silencio frente a la reiterada violación de derechos humanos se vuelve cómplice del régimen y cómplice del violador”, expresó Fino.
