Este miércoles en el programa de opinión, Plataforma, la abogada, Fátima Ortiz, analizó la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador, donde afirmar que si existe persecución política a las voces disidentes través de redes sociales, las autoridades utilizando el régimen de excepción y provocando ahogamiento económico.
“Algunas organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente, derechos de las mujeres, LGBTI, libertad de expresión, son perseguidos financieramente, ha provocado despidos, acortar o terminar programas de atención a población vulnerable» señaló Ortiz
La abogada denunció la instrumentalización del régimen de excepción para convertirlo en un mecanismo de control y esto ha generado un incremento de abuso de poder por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema judicial.
“Han existido allanamientos a organizaciones de la sociedad civil escudándose en el régimen de excepción, realizarlo sin orden judicial, detenciones arbitrarias de líderes ambientales, volviéndose un instrumento de persecución política… Allanamiento en el caso de una periodista comunitaria, mientras realizaba denuncias de daños ambientales, el nuevo juicio contra los ambientalistas de Santa Marta” expresó la abogada.
Para Ortiz, se ha desfigurado la figura de agrupaciones ilícitas, debido que no se debe usar para personas que se reúnen a organizarse de forma comunitaria, sino para personas que se reúnen para la planificación de actos criminales como homicidio o hurto, pero este tipo de uso de la medida de seguridad provoca miedo en la población y se vuelve en un mecanismo de control.
“El régimen de excepción se ha convertido en mecanismo de control, ha permitido confiscar tierras, hacer daño a cuencas de ríos, talar árboles en zonas protegidas, la amenaza a alguien que no quiera ceder es “te vas a ir con el régimen”» enfatizó Fátima Ortiz.
