La Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas de la República exigió a la Corte Suprema Justicia admitir un recurso de inconstitucional en contra el decreto 548 emitido por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado.
La aplicación del mandato legislativo permite al Gobierno central tener un mayor conocimiento de las finanzas de la institución. Un cambio que ha provocado el rechazo de sus empleados.
Antes de ser emitido el decreto, la Corte de Cuentas elaborada su presupuesto y lo enviaba al Ministerio de Hacienda para su aprobación.
Con el decreto, ahora la institución deberá elaborar un proyecto anual en donde se registren sus ingresos y egresos. El detalle del presupuesto incluye los salarios del personal.
Paradójicamente, la institución encargada de auditar las cuentas de las instituciones públicas se resiste a transparentar las propias.
Según el presidente de la Asociación, Donaldo Martínez, la Constitución en su artículo 195 define a la Corte de Cuentas como la institución encargada de fiscalizar el gasto de fondos públicos. Por ello, rechazan que el Ejecutivo tenga conocimiento de sus gastos. Los manifestantes aseguran que la medida, incluso, facilitará los recortes en la institución.
Recientemente, al conocerse de aumentos no justificados en el patrimonio de funcionarios y exfuncionarios, el trabajo de la Corte de Cuentas ha sido duramente criticado.
Actualmente, los diputados están eligiendo a los nuevos titulares de la Corte de Cuentas, entre los aspirantes destaca Osmín Cunza, un juez de cuentas procesado por haber archivado un caso en el que se investigaban compras no justificadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería por más de 48 millones de dólares.
