Esta mañana, el Instituto de Medicina Legal (IML) entregó seis osamentas de la familia Bonilla Realegeño, a familiares sobrevivientes de la misma, la cual era constituida por el padre, la madre, sus dos hijas adolescentes, un hijo de aproximadamente 8 años y una adolescente, todos asesinados por efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

La masacre donde fueron asesinados los miembros de la familia Bonilla Realegeño está denominada «El Calabozo», y se perpetró durante el operativo militar «Teniente Coronel Maio Azenón Palma», desde el 17 al 25 de agosto de 1982, en los municipios de San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y otros municipios aledaños, todos del departamento de San Vicente.

Durante la masacre de El Calabozo, se estima que fueron asesinadas más de 200 personas entre niños, adolescentes, adultos mayores y civiles, todos ejecutados por miembros de la FAES de diferentes brigadas e infanterías. La acusación en contra de ellos se hizo en 1992 sin hasta la fecha obtener resultados sobre reparación, verdad y justicia.

De acuerdo a las investigaciones, la familia que hoy recibió las seis osamentas fueron asesinadas por efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, Batallón de Infantería de Reacción Inmediata «Ramón Belloso», Destacamento Militar N°2 de Sensuntepeque, Cabañas, y Quinta Brigada de Infantería de San Vicente.

Los acusados de ordenar la masacre de El Calabozo son el general José Guillermo García (ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época); general Rafael Flores Lima (jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de la época); coronel Sigfredo Ochoa Pérez (comandante del Destacamento Militar N°2 de la época); teniente coronel Miguel Antonio Méndez (comandante del Batallón de Infantería y Reacción Inmediata «general Ramón Belloso» de la época) y el general Juan Rafael Bustillo (comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador de la época).

A dichos exintegrantes de la FAES se les acusa de los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación de libertad.

El proceso de exhumación de la familia Bonilla Realegeño inició desde el 28 de octubre al 1 de noviembre de 2018, con el acompañamiento del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Cristosal, junto a familiares sobrevivientes y apoderados en el proceso judicial que se promueve en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, para el esclarecimiento del caso.

Por su parte, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, destacó la importancia de la Ley de Reconciliación, pero señaló que los diputados de la Asamblea Legislativa buscan evadir esa responsabilidad para dar impunidad a los victimarios.

De igual manera explicó que la Ley de Reconciliación es necesaria para dos cosas fundamentales, en primer lugar la reparación integral de las víctimas, y para facilitar el acceso a la justicia.

«Encontramos a muchos políticos justificando al impunidad, tratando de hacer interpretaciones de la sentencia en favor de los victimarios y creando una Ley de Reconciliación disfrazada de amnistía», señaló Morales.

Luego de la entrega de las osamentas, las víctimas y sus familiares exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa a que se les garantice el derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, y rechazaron cualquier intento de amnistía a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here