Los chilenos piden al tribunal que declare «la condición de río internacional» al caudal, mientras que Bolivia acusa a su vecino de canalizar artificialmente el cauce y exige el pago por el uso de estas aguas.

Desde este viernes 1 de abril, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya comienzan los alegatos del caso de las aguas del río Silala, que enfrenta nuevamente a Chile y Bolivia ante esta institución, el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Estas dos naciones sudamericanas vuelven a tener un cara a cara ante La Haya, luego de la controversia por la salida al mar para Bolivia, que culminó en octubre de 2018 con un fallo en el que el tribunal concluyó que Chile no está obligado «jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico» para su vecino.

Ahora es el turno del Silala, un río que nace en la alta cordillera de Bolivia, a 4.350 metros de altura y a unos 3,5 kilómetros al este del límite con Chile. Tiene su origen en el extremo noroeste del cantón de Quetena, en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí.

Su cauce tiene una longitud de 10 kilómetros, de ellos, unos cuatro están en territorio boliviano y seis en tierras chilenas. El caudal empalma con el río Helado, formando el San Pedro de Inacaliri, un afluente del río Loa, el más grande de Chile, en la región de Antofagasta.

La disputa ante la CIJ comenzó con una demanda que interpuso Chile en junio de 2016, en la que solicitó al tribunal que declare «la condición de río internacional» al Silala y, como consecuencia de ello, que este país «tiene derecho al uso de sus aguas bajo el derecho internacional», según informó la Cancillería chilena entonces.

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