Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos, expresó a través de un comunicado que de no ratificarse el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, este únicamente vendría a afectar a la clase trabajadora.

Y es que semanas atrás la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y de la de la cual es parte la Asociación Nacional de la Empres Privada, promueven a los gobiernos participantes la no ratificación de este convenio.

 “Las cúpulas empresarial empresariales plantean que al ratificar dicho convenio, se estaría perjudicado la generación de empleos”, indicó Baños, quien además calificó a la ANEP como “hipócrita”, por emitir dichas declaraciones.

Baños está de acuerdo a lo planteado por la OIT quien asevera que la violencia y el acoso en el mundo laboral son inaceptables, indiscutibles e incompatibles con el trabajo decente por lo que deben remediarse a la brevedad posible, esto con el objetivo de garantizar los derechos humanos y laborales de la población a nivel nacional e internacional.

FESPAD señala que consideran contradictorio que desde hace cinco años la ANEP ha insistido ante la OIT su denuncia contra el gobierno por la no instalación del Consejo Superior del Trabajo, pero que ahora se oponen a apoyar un instrumento que protege los derechos de las personas trabajadoras.

“La postura del presidente de la ANEP es incluso hipócrita. Hay que recordar que él, junto a su esposa y a la organización Sí a la Vida son firmes opositores a la aprobación de la despenalización del aborto en el país; pero pasan por alto que el acoso y la violencia sexual en el ámbito laboral es también origen de embarazos forzados. Por lo que negarse a la ratificación del Convenio 190 es ser tolerante para que tales aberrantes prácticas se sigan dando”.

Desde FESPAD también se cuestiona la postura del Gobierno ante la votación del convenio 190 pues el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se abstuvo de apoyar el instrumento.

“Al parecer, el nuevo gobierno salvadoreño ha sido receptivo de la exigencia de la ANEP, y el ministro de trabajo ha anunciado la reactivación del Consejo, al grado que ha dicho que activarlo constituiría un hito en la imagen que El Salvador tiene ante instancias internacionales respecto a los derechos laborales”.

La organización de derechos humanos expresó su preocupación ante dicha situación pues consideran que lo que pone en juego son derechos de las personas trabajadoras frente a intereses económicos.

“Negar desde el gobierno la ratificación del Convenio 190 es incumplir su obligación. Pero también constituiría un hito negativo en la imagen que El Salvador tiene ante instancias internacionales respecto a los derechos laborales”, señalan.

¿Qué considera el convenio 190?

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en junio de 2019, definió que el convenio 190 “protege a las personas trabajadoras y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales».

También incluye «a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador”.

“Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales”, establece el texto aprobado.

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