El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó en su cuenta de twitter que ha ordenado abrir una investigación judicial en contra del expresidente Mauricio Funes, por una posible compra de diputados para obtener votaciones favorables en la Asamblea Legislativa en el período 2009 a 2015.

Según Melara, la investigación fue ordenada mediante las Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que luego de una publicación de una revista digital, el exmandatario se vio vinculado en posibles operaciones para obtener votos de diputados, con un costo de $40 millones provenientes de fondos públicos.

De igual manera, Melara indicó que tras divulgarse un audio que contiene una conversación entre el exmandatario y el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, se reveló la posible compra de diputados en la Asamblea Legislativa.

Mecafé se encuentra detenido por investigaciones de peculado y lavado de dinero en el caso de la presa El Chaparral, acusado de haber recibido junto a Funes un soborno de $3.5 millones de la empresa italiana Astaldi a cambio de haber recibido más de $45 millones por una obra inconclusa.

“Herbert Saca yo sé que es un hombre que, una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué sabe él de mí? No sabe nada. Que me vende relojes, que me consigue joyas… Hasta allí (…) Yo sé que Herbert se queda con 150,000 o 200,000 dólares de eso. ¡Que se quede! ¿Qué vamos a hacer? (…) El manejo de los diputados usted nunca lo va a poder hacer, Miguel (…) Deje a Herbert manejar las fracciones”, dice el audio revelado por el medio digital.

Para Funes, esta sería la quinta investigación judicial en su contra. La primera es por su presunta participación en actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.

El expresidente también enfrenta dos órdenes de detención por dos casos de corrupción: la acusación que contra él pesa por malversar $351 millones de Casa Presidencial y pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez a cambio de inmunidad.

Actualmente, Mauricio Fuines se encuentra con asilo político desde 2016 en Nicaragua junto a su pareja Ada Mitchell Guzmán y sus hijos, bajo el argumento de que, tras su mandato, estaba en riesgo su integridad física y la de su grupo familiar.

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