La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles a Fidel Zavala y otras 19 personas acusadas por diversos delitos, vinculados a la venta de parcelas y lotificaciones, según las autoridades, son parte de la estructura «conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro, inexistentes, que promueven la invasión de propiedades y prometían a las víctimas acreditarse como dueñas legítimas de estos terrenos, por lo que les exigían una cuota mensual». La Fiscalía detalló en una publicación en su cuenta de X, que habían realizado diversas detenciones vinculadas a «una red de estafadores que comercializaba parcelas y lotificaciones», operativos en los cuales fueron detenidos Medardo Arnoldo Rodríguez Hernández y Alejandra Jeanette Cañas, ambos líderes comunitarios de la Comunidad Hacienda La Floresta.
Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a personas de escasos recursos por montos de entre $100 y $200.
La FGR manifestó que los procesados son acusados de:
Amenazas con agravación especial
Comercialización irregular de parcelas o lotificaciones
Limitación ilegal a la libertad de circulación
Ejercicio ilegal de profesión
Agrupaciones Ilícitas
La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, dio a conocer el allanamiento en la vivienda de la familia de Fidel Zavala, así como otro operativo en su vivienda, en la que se encontraba su madre, catalogando el hecho como persecución política.
Además de las acusaciones hechas contra los capturados, la Fiscalía manifestó en redes sociales que Unidehc «nunca ha sido inscrita ante las instituciones correspondientes».
Ante la publicación de la FGR, en su cuenta de X, Unidehc confirmó que no están inscritos debido que no son formalmente una ONG, sino que nacieron como movimiento popular integrado al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, y está conformado por abogados y líderes comunitarios.
Ante dicho señalamiento la Fiscalía dijo que la falta de esta documentación «la convierte en una asociación ilícita y con la que han buscado engañar a la población».
En este sentido la Unidad de de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios indicó que “Tener una organización de hecho no la convierte en ser asociación ilícita porque las funciones no era cometer ningún delito, esto es una prueba de criminalizar la lucha social y la libertad de asociarse, somos miles de movimientos que existen en El Salvador que no están legalmente inscritos porque el mismo Gobierno impide el funcionamiento o su inscripción por la persecución política que ejerce» asevero UNIDEHC en la red social X.
