Gobernador de Filipinas visita El Salvador para hablar sobre los impactos de la minería

El gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, Carlos Padilla, visitó El Salvador para hablar sobre los efectos negativos que ha dejado la industria minera en este país asiático.
Más de 15 mil árboles de bosque primario talados, daños en la tierra que sirve para la agricultura, destrucción de viviendas, contaminación de mantos acuíferos y vulneración a los derechos humanos son algunos de los impactos negativos ocasionados por la empresa minera Oceana Gold en Nueva Vizcaya, según este funcionario filipino.
Padilla señalo que hasta el 2010, antes de la llegada de la empresa minera, Nueva Vizcaya se encontraba entre las 10 provincias con mejores índices de desarrollo humano, destacando por su cultivo de arroz y hortalizas.
El gobernador dijo que Ocena Gold prometió generar ingresos y crear oportunidades de empleo. Sin embargo, asegura que solo generó situaciones de riesgo y que aportó solo el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto de Filipinas, lo que equivale a 2.61 millones de dólares contra 900 millones que obtuvo como ganancia de la explotación.
Ante el panorama, asegura que están creando las propuestas para reparar los daños ocasionados por la industria. La experiencia del país asiático fue expuesta en el marco de la lucha por la prohibición de la minería metálica en El Salvador que realizan diversos sectores de la sociedad, según detalló el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, una de las instituciones que presentó recientemente una propuesta para impedir los proyectos de este sector empresarial en el país.
Oceana Gold llegó a El Salvador tras fusionarse con la minera canadiense Pacific Rim, la cual estaba interesada en la exploración y explotación de oro y plata en la zona de San Isidro, en Cabañas. Sin embargo, mediante un decreto presidencial emitido en el 2009 por Elías Antonio Saca no se le permitió funcionar ya que incumplía los requisitos por lo que la empresa demandó al Estado Salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglos y de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI).
El año pasado, dicho organismo internacional resolvió a favor del país y le ordenó a la minera cancelar 8 millones de dólares, dinero que no le ha sido cancelado al Estado salvadoreño.
Actualmente,  la prohibición de la minería metálica está a un paso para hacer aprobado por la Asamblea Legislativa, porque la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y  Cambio Climático de la Asamblea Legislativa se emitió un acuerdo favorable para aprobar esta normativa, pero aún falta que se sometido a votación en la plenaria.