La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles durante la sesión plenaria, 10 reformas a la Ley del Crimen Organizado, con lo que la pena máxima para cabecillas y actores intelectuales de grupos criminales pueda ser hasta de 60 años, y no de 45 como estaba estipulado.
Actualmente, la normativa establece penas máximas de hasta 45 años para los jefes de pandillas, pero la propuesta aprobada contempla el aumento de tres tercios en la condena. Es decir, que podrían llegar a purgar hasta 60 años de reclusión.
Además, las reformas a la Ley avalan la introducción de pruebas como confesiones de imputados y declaración anticipada de testigos en los procesos de crimen organizado.
“Si siendo inocente eres acusado, la acusación se vuelve prueba. Si te detienen para investigarte podrías pasar indefinidamente en detención provisional”, dijo la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, en su cuenta de Twitter.
Asimismo, los diputados del bloque oficialista aprobaron un decreto transitorio que permite juzgar a los capturados en el régimen de excepción en grupos.
Las reformas fueron aprobadas sin tomar en cuenta la mayoría de las recomendaciones por la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, hechas el martes en la Comisión de Seguridad.
Chicas, indicó que una de las reformas aprobadas desnaturaliza la función del juez y lo convierte casi en un «pasapapeles”.
Actualmente, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que 71,976 personas han sido detenidas acusadas de cometer delitos relacionados con las pandillas.
