El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Nelson Rauda y Rodil Hernández continuarán el proceso en su contra en libertad, quienes son acusados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, supuestamente cometidos al frente de la Dirección de Centros Penales.
La Fiscalía General de la República los acusa de desviar más de cinco millones de dólares de las tiendas institucionales de las penitenciarias.
Ante los señalamiento Bertha Deleón, abogada del actual director de Centros Penales, Rodil Hernández, niega que su cliente haya cometido los ilícitos que le atribuyen.
El Ministerio Público solicitó a la juez decretar detención provisional para los imputados, bajo el argumento que ambos tienen incidencia dentro de los centros penales, por lo que a su juicio podrían obstaculizar o distorsionar el curso de la investigación en su contra.
Para Bertha Deleón, la acusación formal de los fiscales no plantean ni detallan el monto supuestamente malversado y que las cifras presentadas por los fiscales no concuerda con los 5.6 millones de dólares que señalaron anteriormente.
Los fiscales del caso señalaron que cuentan con testimonios, documentos, auditorias y pruebas periciales que acreditan que los procesados cometieron los delitos.
Por su parte, la defensa cuestiona los argumentos presentados por la Fiscalía por lo que solicitan que si el caso trasciende a instrucción sus representados gocen de medidas sustitutivas a la detención.
