Las autoridades informaron que al menos 30 personas fueron detenidas y 5 uniformados resultaron heridos.

En medio de las protestas masivas en conmemoración del segundo aniversario del estallido social, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza este lunes al antiguo edificio del Congreso, en Santiago de Chile, donde actualmente está la sede de la Convención Constituyente.

Ante esta situación, los Carabineros trataron de dispersar a la multitud –que exige la liberación de los detenidos durante las protestas del 2019 y denuncia impunidad en los casos de abuso policial– con gases lacrimógenos y cañones de agua.

En otras partes de la capital se registran saqueos y fuertes disturbios. Debido a ello, numerosas estaciones del metro cerraron al público.

Además, las autoridades informaron que al menos 30 personas fueron detenidas y 5 uniformados resultaron heridos.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó la violencia y la «presencia de algunos delincuentes, algunos cientos», aunque reconoció que en general la protesta fue pacífica, recoge AP.

Hace dos años, el aumento del precio del metro provocó una protesta estudiantil, que pronto se tradujo en fuertes manifestaciones por todo el país. Aquella medida, sumada a otros problemas ya existentes, afectaba la vida de millones de chilenos, dado que el sueldo promedio de la mitad de los trabajadores no superaba los 560 dólares.

Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera respondió al descontento popular con despliegue policial y represión. Los hechos violentos se saldaron con 34 muertos, más de 11.000 heridos y unos 25.000 detenidos.

Esos meses de convulsión conllevaron a la instalación de la Convención Constituyente, cuya misión es redactar una nueva carta magna, para reemplazar la heredada de la época de Augusto Pinochet. Se precisa que el nuevo documento se basará en los principios de equidad territorial y de género, participación popular y plurinacionalidad, entre otros.

El órgano está presidido por la representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón, quien asegura que la convención es la respuesta institucional a la crisis social en Chile.

Francisco Coloane, analista internacional y exoficial de la ONU, considera poco probable que las protestas cesen antes de que se redacte la nueva Constitución.

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