El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil condenó hoy viernes al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, y lo declaró inelegible por un período de ocho años hasta 2030.
Por cinco votos a favor y dos en contra, Bolsonaro fue condenado por celebrar, en julio de 2022, una reunión con embajadores extranjeros transmitida por la televisión pública en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, en la que atacó sin pruebas el sistema electoral brasileño.
En el encuentro, celebrado en vísperas del inicio del período electoral, el expresidente criticó el sistema de urnas electrónicas y repitió acusaciones de fraude previamente desmentidas por la Justicia.
El vicepresidente de la candidatura de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, que también estaba siendo juzgado, fue absuelto por unanimidad por los integrantes del TSE.
En las elecciones de octubre del año pasado Bolsonaro buscó la reelección como candidato por el Partido Liberal (PL), pero fue derrotado en segunda vuelta por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).
La demanda analizada por la Justicia electoral había sido presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), que acusó al expresidente de convocar la reunión con los embajadores con el objetivo de atacar internacionalmente a las instituciones brasileñas.
Luego de la decisión, Bolsonaro declaró que «no está muerto» políticamente y que pretender apelar ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
En declaraciones a la prensa, el expresidente dijo que fue la primera condena de la corte por abuso de poder político y que se trató de «un crimen sin corrupción».
Los abogados de Bolsonaro anunciaron que la apelación cuestionará el uso de pruebas indebidas durante el juicio concluido este viernes.
De acuerdo con la «Ley de Ficha Limpia», la decisión del TSE tiene efecto inmediato, lo que significa que Bolsonaro seguirá siendo inelegible a la espera del análisis de las apelaciones.
La condena, sin embargo, no elimina los derechos políticos del expresidente, lo que garantiza su actuación a favor de políticos aliados en las elecciones municipales previstas para el próximo año.
