Este lunes en el programa de opinión Plataforma, el economista, José Luis Magaña, expresó que la demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de la Minería Metálica, presentada por organizaciones de la sociedad civil a la Corte Suprema de Justicia, respaldadas con 59,000 firmas, debido a diversos factores irregulares en torno a la aprobación de la nueva ley.
“La demanda de inconstitucionalidad representa una prueba para el órgano judicial y demostrar su independencia de los intereses económicos que representa el ejecutivo, e intereses políticos que representa el legislativo… Los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad es que hay vicio de forma, en como se aprobó la nueva ley: en sesión extraordinaria del 23 de diciembre, con proceso legislativo de 3 días, sin discusión con expertos ni comunidades” explicó Magaña.
Magaña expresa que la derogación Ley de Prohibición de Minería Metálica aprobada en 2017, y la aprobación de la nueva ley que permite la actividad minera en suelo salvadoreño, tuvo un proceso de 3 días, y la ley que lo prohibía tardo 10 años de investigación científica, opiniones de expertos y miembros de comunidades afectados, pero esto no sucedió para aprobar la nueva legislación.
“De 98 minutos fue la discusión de una ley que afecta a los territorios y las comunidades, sin consulta previa” señaló José Luis Magaña
Finalmente, el economista, expresó que la antigua ley extendió más derechos a los salvadoreños, con esta nueva ley, presenta un retroceso de derechos y esto es inconstitucional, debido que según la constitución, los derechos no pueden retroceder.
“Las actividades mineras vulnera un derecho humano adquirido, en un país con un territorio tan pequeño como El Salvador, no existe margen de mitigación para los riesgos ambientales” indica el economista.
