“La gente prefiere una represión que lleve al exterminio o la limpieza social”: Reyna

A más de un mes desde la entrada en vigencia del Plan de Fortalecimiento a la Seguridad en San Salvador, el gobierno asegura que la presencia de vehículos militares y soldados con armas de alto poder de fuego son disuasivos que han reducido delitos, como los asesinatos, en porcentajes superiores al 40%. InformaTVX.com presenta la evaluación que hace de este plan la especialista Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del SSPAS del Servicio Social Pasionista (SSPAS), una organización que trabaja en prevención y atención de la violencia en zonas de mayor marginalidad social y económica.

El pasado septiembre, junto a la representación del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Reyna advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) sobre el posible cometimiento de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y efectivos militares. A su ver, el Estado propone muy pocas novedades en materia de seguridad; y lo nuevo no es, precisamente, para mejorar.

Por un lado, identifica a un gobierno enfrascado en medir la efectividad de sus programas con el número de capturas realizadas. Sin embargo, señala que el nuevo plan no pretende extrapolar las estrategias de criminalización de la pobreza que se ejecutan en zonas de presencia pandilleril. A su parecer, el Plan de Fortalecimiento a la Seguridad en San Salvador no tiene como objetivo principal a los delincuentes, sino deslumbrar a la población civil con el músculo militar. Paradójicamente, dos días antes de la implementación del plan, la cifra de homicidios por día a escala nacional era de ocho y, dos días después de su implementación, subió a 25. Y así cerró septiembre, con un promedio de 14.5 homicidios por día. En octubre el promedio nacional fue el mismo.

Para Reyna, actualmente, el verdadero peligro no es continuar con el empleo eventual de más efectivos militares en tareas de seguridad pública. Lo que en verdad le preocupa es que la Policía Nacional Civil, la surgida de los acuerdos de 1992, cada día está más militarizada. Lastimosamente, sentencia Reyna, cansados de sufrir la violencia criminal, los salvadoreños no solo toleran la represión sino también el exterminio por parte del Estado.


 

En la audiencia ante los comisionados de la CIDH, en septiembre pasado, las autoridades gubernamentales descartaron que existiera tolerancia a los abusos o que formaran parte de una estrategia estatal. En el país, otros funcionarios fueron más lejos. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, criticó a las organizaciones denunciantes por prestarse a una estrategia de los grupos delincuenciales para frenar el accionar policial.

Menos de dos semanas después de ser cuestionadas por posibles violaciones a Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador incrementaron su presencia en la capital. Quienes transitan por San Salvador encontraron diferentes vehículos militares en plazas, centros de estudio, comercio y terminales de transporte colectivo. Había iniciado el Plan de Fortalecimiento a la Seguridad en San Salvador, que contemplaba apostar a policías y militares en 25 puntos de la capital. Del total de efectivos destinados a esta acción, 1,200 son policías y 300 son militares, según las cifras oficiales.

Cuando el gobierno lanzó el “Plan Fortalecimiento de la seguridad en San Salvador” había pasado menos de una semana desde que el SSPS y el IDHUCA acusaron al Estado ante la CIDH de tolerar abusos dentro de las fuerzas de seguridad, en el que platearon casos concretos como el Caso de San Blas. ¿Considera que este plan, en este contexto, fue un espaldarazo a del gobierno a la PNC y FAES?

Yo creo que sí. Incluso la estrategia mediática de incrementar la presencia militar y policial —sobre todo ha sido más visible la militarización en algunas zonas de San Salvador— tiene la intención de mostrar “fuerza” y “capacidad”, y respaldar a la institucionalidad de la PNC y FAES.

Los mismos funcionarios de seguridad pública han confirmado que la intención de esto es mostrar fuerza y capacidad, en una medida que “intimide a la comisión de delitos”. Sin embargo, yo creo que ha sido una intención de mostrar a la población, —no necesariamente a las pandillas o a las estructuras criminales que dicen combatir—, que la institucionalidad de la PNC y FAES tiene la “capacidad de responder” ante una coyuntura de violencia.

Creo yo que tiene que ver, en parte, con mostrar ese respaldo de las dos instituciones cuestionadas por parte nuestra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la posibilidad de estar cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Pero también tiene que ver con la posibilidad de mostrar que hay “capacidad institucional” fuerte, y que esa presencia va a ser visible.

Están jugando, básicamente, con la percepción de la gente. Y realmente no ha funcionado, porque es, justamente, cuando la población más ha sido más crítica con la presencia militar en tareas de seguridad.

¿Cuál es su percepción sobre el hecho que el método de mostrar valentía, efectividad, capacidad pase por exhibir tanquetas y armas de alto poder de fuego en la calle? ¿Qué concepción hay en el Estado sobre seguridad pública para que la “efectividad” y el “esfuerzo” se materialicen en estos elementos?

Yo creo que responde —y aquí es notorio que les ha salido mal la jugada—, responde a la credibilidad que en la sociedad salvadoreña presenta a la Fuerza Armada. La FAES, desde la firma de los Acuerdos de Paz, se ha mantenido como una de las instituciones que “mejor cumplieron los acuerdos”: separar sus funciones, retirarse a los cuarteles y respetar esa lógica, que pretendía consolidarse con los Acuerdos de Paz, que era separar la seguridad pública de la defensa nacional. Aunque ya en profundidad, revisando mejor, se identifica que no ha habido esa separación realmente nunca,  porque la Fuerza Armada ha estado en labores de seguridad pública desde 1993.

La sociedad civil sí tiene una percepción que la FAES ha sido respetuosa de esos acuerdos y es una de las instituciones que cuenta de mayor confianza por parte de la población. Creo que esta es una jugada por parte del Gobierno de militarizar el territorio salvadoreño —que se viene dando desde hace muchos años. Aunque el incremento más fuerte ha sido en el gobierno de Mauricio Funes y ahora con Sánchez Cerén, que están llegando a más de 13 mil efectivos militares en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, esto no solo ha tenido una intención de que la población perciba la esa presencia militar como una estrategia que le garantice cierta protección o seguridad; sino que también que la policía se militarice, en función de que esa línea de trabajo es más fuerte, más contundente, tiende a ser más agresiva, más rígida. En la mentalidad de una sociedad represiva, autoritaria, queda muy bien el mantenimiento de fuerzas del Estado que tengan esta autoridad, o este autoritarismo, desde un enfoque militar.

Hay todavía mucha añoranza de esa presencia militar: la capacidad de “ejercer justicia” con una rigidez tan fuerte, característica de los militares. Pero, que está en ese ideario, esa percepción, que no necesariamente contempla las violaciones a Derechos Humanos que ocurrieron durante el conflicto armada, pero que pueden estar ocurriendo ahora por la militarización de la seguridad pública y de la Policía Nacional Civil.

Durante este mes, hemos visto la lógica de este despliegue: hay cateos, cacheos, operativos en zonas muy concurridas, donde transita y coexiste la gente pobre. Una vez más, vemos cómo el Estado concibe la delincuencia en la pobreza, y únicamente donde está la gente pobre.

¿Consideran que este tipo de operativos de tirar el “atarrayazo” contribuyen a estigmatizar más a la población que tienen un nivel bajo de ingresos?

Yo sí creo que en general los programas de seguridad pública, donde participan de manera más activa la PNC o la FAES desde una visión intimidatoria, de mera presencia en las comunidades, incluso a veces de mega operativos que la Fiscalía ordena (de detención de 40, 50 personas, incluso cientos) han contribuido, de manera sistemática, a estigmatizar y discriminar a la población que vive marginalizada, con bajos recursos y pocas capacidades de desarrollarse. Esto no es nada nuevo. Es un intento de seguir culpando a la pobreza de la violencia; de mantener ese vínculo, de asociar la delincuencia, la violencia a la pobreza.

Sin embargo, este plan más reciente “Fortalecimiento de la Seguridad en San Salvador” ha tenido otras características, como operativos tipo “casa segura” o revisión de locales, negocios, incluso parada de tránsito donde revisan también, carros, motos… Creo que esto está llevando a presentar una imagen de que cualquiera puede ser sospechosos, cualquiera puede ser revisado. Incluso, ir restringiendo, cada vez más, la capacidad de libre movimiento y del derecho a la libertad de la población.

Es complicado salir a la calle para cualquier persona y sentir que en cualquier momento, por cualquier motivo —y sobre todo si la policía considera que tenemos característica (de delincuente), meramente físicas, por nuestra ropa, color de piel, por nuestro pelo, por cualquier cosa…—pueden pararnos, y revisar nuestros teléfonos, tomar nuestras huellas, revisar nuestros teléfonos, nuestras pertenencias personales… Ese nivel, incluso, limitar las tareas de seguridad a esas comunidades donde siempre ha habido presencia militar, donde siempre ha sido común la requisa personal, incluso los maltratos a la población joven—catalogar a estas personas como pandillero— eso se está ampliando, incluso, a otros estratos sociales. A esta población trabajadora, digamos, que se moviliza en ciertos espacios, como centros comerciales, terminales de buses. Pareciera ser que ahora todos somos sospechosos de algo.

Lo otro que me llama la atención también, es que se entiende bajo estos planes es que el éxito del plan seguridad o de una estrategia depende, una vez más, del número de detenidos. Entonces, diariamente, la PNC también está haciendo una estrategia mediática. Esto lo uno con lo que usted mencionaba al principio, que sí, puede ser una respuesta al cuestionamiento, a la denuncia, que se ha hecho de los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y la fuerza Armada. Creo que hay una intención del Gobierno de mostrar efectividad con las pocas capturas y las pocas incutaciones de algunos ilícitos que han tenido en este plan, y a partir de esto mostrar que tienen una “institucionalidad fuerte” y que está funcionando.

Entonces, es caer nuevamente en la trampa, jugar nuevamente con la percepción, de que la seguridad se concibe como el número de personas detenidas, aunque sea por una porción mínima de marihuna—que ya la Sala de lo Constitucional ha indicado que las porciones de consumo de la marihuna no deberían ser perseguidas penalmente, porque son solamente para consumo y no para tráfico—. Otras acciones de revisiones de casas, en autobuses, que al final lo que ha hecho es generar esa sensación  de que en cualquier momento yo puedo ser sospechoso. Por tanto, no puedo tener la libertad de movimiento y circulación que debería estar garantizando el gobierno.

¿Ustedes como SSP han percibido aumento de actos de acoso hacia los jóvenes en este mes específico, cuando se han libertado más la libertad de circulación?

Realmente, no. Yo creo que tienen dos visiones distintas los planes. Por ejemplo, las estrategias operativas, o de presencia militar o policial, que hay en marco de las medidas extraordinarias; y estos grandes operativos, de detenciones masivas en ciertas comunidades y municipios tienen otra lógica. Estas tienen una lógica que estigmatizar en función de “sos pandillero, o sos colaborador de pandillero, o sos familiar de pandillero, o sos vecino de pandillero”. Al final, cualquier persona que viva cerca, o viva en una comunidad donde hay presencia de pandillas, “puede convertirse en un futuro criminal”. Por tanto, podemos detenerlo, revisarlo, maltratarlo y amenazarlo. Esa dinámica no ha cambiado. La presencia militar y policial en las comunidades donde hay fuerte presencia de pandillas, donde hay ciertas características de violencia y criminalidad se mantienen.

San Salvador es otra cosa. Porque los puntos priorizados por este plan son más puntos de movilidad y de tránsito. Hacen algunos operativos, como mencionaban, de revisión de casas, automóviles, o locales… que puedan ser utilizados como fachada para lavado de dinero, extorsión, trata de personas, etc.

Las dinámicas de los planes son distintos. Por tanto, esto no ha tenido una afectación directa —al menos en los territorios donde nosotros trabajamos— en los abusos policiales. Pueden haber, y eso no lo dudo, que en el marco de este plan (Refuerzo a la Seguridad en) San Salvador, sí haya otra población(víctima) que no sea la típica—hombres, jóvenes, adolescentes, que son los que, de manera más constante son agredidos, revisados u hostigados por la policía y los militares en las comunidades de alta vulnerabilidad—. Creo que ese perfil cambia en caso del plan (Refuerzo a la Seguridad en) San Salvador, en función de cualquier hombre, incluso uno más adulto: alguien que vaya manejando, alguien que tenga un negocio, un estudiante universitario—hubo una protesta por parte estudiantes de la Universidad de El Salvador por la militarización en las entradas principales de la universidad, y eso puede tener represalias—.

Creo que cambia el perfil. Creo que las lógicas de los planes de seguridad, en este caso, son distintas. Por tanto, sí puede incrementar la vulneración a Derechos Humanos, en los casos de San Salvador o en los puntos donde se esté realizando el plan, pero los perfiles de víctima van a cambiar.

Para ir cerrando: vivimos en un país donde el calendario electoral mueve o activa muchas cosas.

Desde mi perspectiva, no es casual que mientras nos acercamos a las elecciones haya un vuelco, a hacer más visible la militarización que como bien ha descrito es una problemática tan vieja como la posguerra—.

Es decir, considerando que nos acercamos a marzo de 2018, ¿es probable que aumente la exhibición del verde olivo por las calle? ¿A qué le apostarían las autoridades de aquí a marzo?

Yo creo que la presencia militar, si no se mantiene, puede incluso aumentar. Aunque el gobierno niegue que se ha aumentado la presencia militar —porque EE.UU. ha condicionado fondos de ayuda en temas de lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, a la presencia militar y la disminución sistemática de esa presencia— creo que se mantiene o incluso ha aumentado en los últimos años. Es muy probable que se siga, al menos, en la misma cantidad.

A mí, sinceramente, ya no me preocupa tanto el número de militares que pueda haber, o el nivel de despliegue que puedan hacer de manera visual— es decir, tener un militar o una tanqueta en un centro comercial—; sino, que la policía, que es al final quien se va a quedar, quien está presente y está a cargo del tema de seguridad pública, se está militarizando. La policía está entrando en una lógica que sus estrategias de investigación y persecución del delito se enmarcan dentro de la lógica militar.

Veámos estos grupos de tarea conjunta, donde la policía tiene realmente uniformes militares. No tiene uniformes de la Policía Nacional Civil, la policía con la que se soñó en algún momento, luego de la firma de los Acuerdos de Paz. Lo segundo, es que está claro que en este período de posguerra, o de guerra actual, es que los partidos políticos—y las propuestas políticas en seguridad— van a recurrir siempre al populismo barato, a la represión y a la capacidad de ofrecer respuesta inmediatas al problema de violencia. Es mucho más fácil prometer “voy a poner un militar frente a tu puerta, frente a tu casa” que comprometerse —y cumplir, además— a la posibilidad de reducir la violencia estructural que hemos estado teniendo en el país durante décadas y siglos.

Los partidos políticos pueden apostar, a nivel discursivo, a la prevención frente a otros países—sobre todo frente a los países que están cooperando con la lucha contra la violencia en el país—. Pero a nivel electoral, frente a la sociedad que vota, van a desplegar sus intereses en función del voto populista, del voto represivo, de la presencia militar. Para que esta “puede hacerle frente a este enemigo público” en que se han convertido las pandillas.

En cada elección, desde el 2003 que Francisco Flores se inventó la guerra contra las pandillas, ha habido un juego electoral de quién promete mayor represión a las pandillas, quien tiene mayor capacidad, quien muestra más músculo, quien tiene una voz más fuerte “para vencer en esta guerra contra las pandillas” —donde ellos mismos han construido a este enemigo común.

No va a cambiar esta perspectiva. La gente va a seguir votando, con mayor razón, a esta línea represiva. El problema, también, es que la gente está viviendo una situación de violencia donde le agota, le frustra, le cansa, donde se ve incapaz de confiar en el Estado—por ejemplo, a través de una investigación por un robo, un hurto o una extorsión—. Entonces, lo que prefieren es una represión que lleve, incluso, al exterminio o la limpieza social.

Nosotros hemos evidenciado con las denuncias sobre casos de ejecuciones extrajudiciales que la población, buena parte de la población, está a favor del uso excesivo de la fuerza, incluso de la limpieza social de parte de la policía y la fuerza armada cuando los pandilleros son víctimas. Este panorama, hace que los partidos políticos se aprovechen de esa concepción—esa lógica “manodurista”, represiva y autoritaria— para plantear en su oferta electoral este tipo de propuesta. Creo que con las elecciones presidenciales esta lógica se va a poner más fuerte, la lógica de reprimir: “combatir y vencer—por fin— al fenómeno de las pandillas”.

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