La lucha por la Educación Integral en Sexualidad en El Salvador

Durante décadas, diferentes sectores conservadores se han opuesto a que desde el Sistema Educativo Salvadoreño se hable de manera clara, objetiva y responsable sobre sexualidad. Las consecuencias de ello, pasan desapercibidas ante una sociedad poco empática, dividida y hay que decirlo: ignorante. La situación se agrava cada día más, especialmente en los jóvenes y mujeres ante la ausencia de voluntad política de los tomadores de decisión, para siquiera discutir la problemática a la altura técnica, legal y laica posible.

Para el 2015 las autoridades de salud reportan que diariamente en el país, se reportan 4 nuevos casos de VIH, en el mismo año, hubo un embarazo en adolescentes de entre los 10 y 19 años, cada 21 minutos, es decir 69 diarios. Estos embarazos adolescentes representan el 30 % del total, reportado ese año, y se registran en esta población, particularmente prioritaria ya que de acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 2017 el 53.6 % de la población salvadoreña es menor a 30 años. Por otro lado, cifras de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Medicina Legal destacan que de 133 niñas de menos de 11 años agredidas sexualmente en 2010 pasamos a 353 en 2017; 1,758 denuncias por violación sexual en menor e incapaz se registraron en dicho año, disminuyendo cada año la edad de las víctimas.

Este panorama cada vez más desalentador, transcurre invisibilizado mientras la población en general se enfrenta a graves problemas de salud pública, predominando la desinformación y los mitos alrededor de las infecciones de transmisión sexual, y el poco conocimiento de temas tan básicos como el funcionamiento de los órganos reproductivos o la necesidad de chequeos médicos periódicos.

Los alarmantes indicadores, parecen no importar a algunos legisladores que bajo la bandera de la ignorancia y el fundamentalismo se escudan en la “defensa de los valores cristianos de la sociedad” – soslayando la Laicidad del Estado- para no hablar en serio de propuestas de solución a la realidad. En El Salvador, mi país, hablar de sexualidad es un tabú, y sí, estamos en el 2018 y me avergüenzo.

Y es que precisamente educar a nuestros jóvenes en sexualidad responsable y afectividad, genera una férrea oposición de los grupos conservadores, que argumentan que “el Estado no es padre” y que enseñarles Educación Integral en Sexualidad en las escuelas públicas y privadas, equivale a promover que inicien su vida sexual, a incrementar las enfermedades de transmisión sexual y “adoctrinar” con la perversa y diabólica “ideología de género”. Nada más perverso y diabólico, -emulando el lenguaje- que oponerse a la Educación, mintiendo; anteponiendo sus dogmas, creencias y el complejo debate de la moralidad diversa.

En esa línea de débiles argumentos, la asignatura que mayor rechazo genera al incluirla en los planes de estudios con carácter obligatorio es la destinada a la educación sexual, al chocar naturalmente con las convicciones -generalmente de carácter religioso- que los padres desean transmitir a sus hijos dentro de la familia. Especial atención cobra esta última en el debate, ya que debe analizarse la conformación actual de las familias salvadoreñas, debido a flagelos como la violencia, pobreza, migración y desintegración familiar; y por supuesto, el grado de instrucción de sus miembros para orientar sobre este tema a los jóvenes.

La UNESCO ha sostenido que los programas de abstinencia total, no evitan la precocidad sexual entre los jóvenes y tampoco reducen la frecuencia de las relaciones sexuales ni el número de parejas. Existen diversos estudios que destacan que la abstinencia y la educación en el seno familiar, no son suficientes. Y mas bien, sugieren una corresponsabilidad de Estado – Familia y Sociedad.

Es una visión adultocentrica coartar las interrogantes de la niñez y facilitar sólo aquellos conocimientos que crean benevolentes o inofensivos; sin embargo, la realidad nos demuestra que la necesidad de comprensión insatisfecha por los educadores o la familia es compensada -en su gran mayoría de manera errada- por los medios informales: revistas, internet, programas televisivos, charlas con pares o conocimiento popular por los jóvenes.

Hay que ser coherentes, en la lucha por la despenalización del aborto a través de causales, constantemente los conservadores, reconocían que educar, era una solución para evitar un aborto. No entraré a discutir este tema, que ha sido retomado en anteriores columnas; no obstante, quiero resaltar que, si coincidimos en que educar es una solución, tenemos el primer punto de encuentro dentro de la polarización. Otro tema medular, será llegar al acuerdo de quién educa y bajo que parámetros.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado en su jurisprudencia respecto la aparente colisión del derecho preferente a educar a sus hijos con la educación en sexualidad -como derecho humano-, que, en estos casos, si la enseñanza se ajusta a los principios de objetividad, neutralidad y pluralismo no se produce ninguna vulneración. Se trata, además, de una materia que ha calificado de “interés general” y por ello se entiende que su integración en el sistema educativo responde a la finalidad de promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia vedando, en consecuencia, a los padres su interferencia en la adquisición por parte de sus hijos de conocimientos de tal carácter.

El contenido esencial del derecho se modula, por tanto, en función de ese derecho-deber de los padres de preservar el derecho de sus hijos a una educación integral. Este argumento basado en derechos y eminentemente técnico, no entra en la discusión con ciertos grupos, que suelen ampararse de manera absoluta en el derecho preferente a educar a los hijos, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y retomado en las legislaciones locales. Se debe ser enfático entonces, en la interrelación de los Derechos Humanos, y la ponderación – interpretación de los derechos, que no pueden ni deben ser absolutos.

La semana pasada, un grupo de ciudadanas desde la Sociedad Civil presentaron el anteproyecto de “Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable”, que tenía como finalidad, poner sobre la mesa la problemática de los embarazos en adolescentes, violencia sexual, afectividad, y obviamente la procuración de una sexualidad responsable. La propuesta pese a que fue introducida con el apoyo de legisladores de derecha, (que no están en la comisión) fue inmediatamente enviada a archivo, de manera unánime, por los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación del legislativo.

Resulta llamativo y hasta vergonzoso, que ninguno de los diputados hayan considerado al menos, discutir la pieza. Rehuyendo a un debate prioritario que, según ellos, es impopular y les afecta su capital político frente a los grupos conservadores que históricamente se han opuesto.

Hay que decir, que si bien es cierto la propuesta carecía de técnica legislativa, contextualización normativa, y mecanismos de contraloría ciudadana a través de representatividad en la comisión que pretendía crear el Programa Nacional de Educación en la materia; fue un esfuerzo válido y democrático por parte de esta agrupación, que si bien es cierto no logró por la vía legislativa el objetivo, si propició descongelar el tema y tener un “pulso” de la correlación predominante y adversa sobre estos temas, en la actual legislatura.

En diciembre del 2016, diversas organizaciones feministas, presentaron apoyados por el FMLN, el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que entre otras cosas, también destacaba de manera más integral, la Educación Sexual. Con una cobertura menos mediática, esta iniciativa también fue truncada.

Y es que estos anteproyectos de ley, no pretendían más que hacer exigible a través de una legislación específica y especializada, las garantías contenidas en el marco normativo salvadoreño ya existente. Obligaciones estatales con base en la Constitución, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, LEPINA, Ley General de Juventud, Ley General de Educación, y de cara a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y a la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” de la cual El Salvador es signatario.

En esa línea, también el Consenso de Montevideo, nos compromete como país a invertir en educación y salud para la adolescencia y juventud para que gocen de contextos libres de discriminación y todo tipo de violencia, puedan acceder a oportunidades laborales, así como fomentar la participación activa de los jóvenes en la formulación de políticas en los asuntos que les afectan. Por otra parte, establece la Educación Integral para la Sexualidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como medios que contribuyan a garantizar los derechos de la población joven, y como una prioridad para la prevención del embarazo en la adolescencia.

Mal haría en no reconocer, que El Salvador ha tenido avances significativos a nivel normativo y declarativo de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los últimos años, empero, el nudo gordiano está en la implementación de esa serie de políticas, planes, estrategias, programas y disposiciones legales, que como hemos visto, obligan al Estado a respetar, garantizar y proteger estos derechos.

Pero en este largo avance, hay que destacar la entereza y determinación de las organizaciones de la Sociedad Civil y diversos actores – actrices, que, a través de la contraloría ciudadana y estrategias de incidencia bien ejecutadas, han logrado propiciar estos avances desde hace años. Sirva el espacio, para hacer el llamado a la unificación de estas fuerzas por la Educación en Sexualidad, y que lejos de presentar propuestas y trabajar aisladamente, se fortalezcan mutuamente haciendo un solo frente a este histórico reto.

La Educación Integral en Sexualidad, es un derecho humano. ¡Exijámoslo!

 

 

Opinión InformaTVX

Escrito por: Noel Cantizano


 

Sobre el autor: Abogado y Notario de la República. Miembro de la Federación Interamericana de Abogados, con estudios en Pedagogía, Género, Derechos Humanos, Advocacy y litigio estratégico.

Cursando Posgrado en Ciencias Forenses. Ex coordinador de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, Ex coordinador jurídico y educativo de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador. Asesor, capacitador y docente en temas relacionados a DD. HH. Actualmente Asesor Jurídico de Advocacy.

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