La actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Sonia Clementina Liévano de Lemus, es socia, en al menos seis offshore, del empresario Adolfo Salume Artiñano, quien desde septiembre de 2013 es secretario general del partido Democracia Salvadoreña (DS).
Según los documentos del Registro Público de Panamá a los que informatvx.com ha tenido acceso, hasta junio de 2016 (fecha en que fueron emitidas las constancias), la actual magistrada Liévano de Lemus, aparece en la junta directiva de al menos siete sociedades creadas en Panamá. En seis de ellas, comparte cargos directivos con el empresario, secretario general y excandidato a alcalde de San Salvador del partido Democracia Salvadoreña, Fito Salume.
La información del Registro Público de Panamá detalla que Liévano de Lemus es parte de las juntas directivas de las sociedades Grupo Prologix S.A.; Molsa Holdings Dominicana Inc.; Molsa Holdings El Salvador Inc.; Oxford Gray Corporation; Fundación Transparencia; y Fundación Visión Democrática.
La funcionaria, quien fue nombrada en 2014 como magistrada suplente del TSE, asumió como propietaria luego que la Sala de lo Constitucional inhabilitara del cargo a Ulises Rivas, a través de una medida cautelar. El argumento de la máxima autoridad constitucional era que Rivas tenía vínculos con el FMLN. Paradójicamente, tanto Rivas como Liévano de Lemus fueron propuestos para integrar la autoridad electoral por la Corte Suprema de Justicia —de la que es parte la misma Sala de lo Constitucional—.
Según el artículo número 208 de la Constitución y el 43 del Código Electoral, el TSE será integrado por tres integrantes provenientes de las ternas presentadas por los primeros tres partidos que más votos hayan obtenido en la elección presidencial previa. Los dos restantes deben ser propuestos por el Órgano Judicial.
El 30 de junio de 2014, los partidos políticos que componían la Asamblea Legislativa nombraron a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes en teoría ─a pesar de siempre haber sido propuestos por partidos─, no tenían ningún vínculo partidario. De esa forma, evitarían una posible invalidación por parte de la Sala de lo Constitucional, instancia que ya había destituido a una serie de funcionarios de segundo grado por estar vinculados a institutos políticos.
Dos semanas antes de aquel nombramiento, el viernes 13 de junio, la Sala había emitido una sentencia que obligaba a los diputados a despartidizar el Tribunal Supremo Electoral. El detonante de aquel episodio fue la aceptación de una demanda contra el presidente del ente colegiado, Eugenio Chicas, quien era afiliado y dirigente del FMLN.
“Declárase inconstitucional(…) en lo relativo a la elección del señor Eugenio Chicas Martínez como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, porque al tratarse de una persona afiliada a un partido político, su elección a un cargo con funciones jurisdiccionales viola los principios de la democracia representativa y republicana, así como el principio de independencia judicial, reconocidos en los arts. 85, 172 inc. 3°, 208 inc. 1° y 218 Cn”, señala la resolución.
Hasta antes de la resolución, históricamente, las ternas de los partidos estaban integradas por personas afiliadas a estos. El objetivo era que estos garantizaran los derechos de cada uno de los institutos políticos. En el pasado, previo a los Acuerdos de Paz, el Consejo Central de Elecciones—creado con la Constitución de 1950 y reconocido por la de 1983, sin mayores cambios— fue señalado de propiciar fraudes electorales por su centralismo y estrecha vinculación al partido de gobierno.
Por primera vez, después de las reformas electorales impulsadas tras de la firma de los Acuerdos de Paz, el TSE estaría integrado por funcionarios que, legalmente, no estarían vinculados a los partidos políticos. Sin embargo, los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional que votaron por Ulises Rivas para que fuera uno de los candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia a integrar el TSE, dos años después, lo separaron del cargo, como medida cautelar. Actualmente, la Sala de lo Constitucional aún no resuelve una demanda presentada en contra de Rivas en la que se señala que este tiene vínculos con el FMLN.
Rivas, por su parte, asegura que nunca ha tenido vínculos con ningún instituto político. Al mismo tiempo, expresa que en diciembre de 2013 participó un evento organizado por varios abogados para apoyar la fórmula presidencial del partido de izquierda. “Como hombre le digo, yo sí lo hice. Pero en ese momento yo era un ciudadano normal, ‘común y corriente’. No era funcionario público. A mí se nombró como magistrado del TSE el 31 de julio de 2014, e inicié funciones en agosto de 2014”, sostiene Rivas.
Los offshore de Liévano y Fito Salume
Oxford Gray Corporation, registrada el 7 de junio de 1988, es la primera sociedad creada legalmente entre Salume y Liévano, ante el registro panameño. El acta de constitución de esta indica que tiene domicilio en la provincia de Panamá, de duración perpetua y con una división social de 500 acciones comunes, únicamente nominativas, sin valor nominal.
La junta directiva de esta sociedad está integrada por los suscriptores Wiston Robles y MariaBlanca Staff. Adolfo Salume Artiñano tiene los cargos de director y presidente; mientras que Sonia Clementina Lievano de Lemus aparece como directora y tesorera; Linda Johanna Mejía de Cestoni es directora y secretaria; Robles y Robles aparece como agente residente; y “El presidente” aparece como representante legal.
En 2013, cuando Fito Salume recogía firmas para la constitución de Democracia Salvadoreña, plataforma que le serviría para correr por la candidatura de la alcaldía de San Salvador, constituyó dos sociedades más junto a Liévano. El 23 de agosto de ese año, fue registrada la Fundación Visión Democrática, en la cual aparece Salume como presidente y Liévano es la tesorera de la junta directiva.
Esta fundación fungió como herramienta de relaciones públicas para Salume y otros candidatos del partido Democracia Salvadoreña. A través de ella, incrementaron la presencia mediática de sus principales figuras mediante actividades con líderes comunitarios y religiosos.
Según una publicación del periódico El Faro, la Fundación Visión Democrática sirvió para acompañar el trabajo territorial de Democracia Salvadoreña. De hecho, el 13 de octubre de 2013, esta fundación lanzó el programa de Observación Electoral, integrado por varios jóvenes que portaban camisas con el logo del partido, para participar como observadores en las elecciones presidenciales de 2014.
Al siguiente mes, el 7 de septiembre, el registro panameño inscribió al Grupo Prologix S.A., del cual Fito es su director y presidente; mientras que la magistrada aparece también como directora. Seis días después, el Tribunal Supremo Electoral resolvió constituir legalmente a Democracia Salvadoreña luego de haber presentado más de 50,000 firmas para su inscripción.
Posteriormente, el 26 de septiembre, ambos crean la Fundación Transparencia, en la cual este empresario salvadoreño es su presidente y la magistrada nuevamente ejerce el cargo de tesorera. Al siguiente año, casi dos meses antes de que Liévano fuera juramentada como magistrada suplente del TSE, el Registro Público de Panamá inscribió a la sociedad Molsa Holdings Dominicana Inc. En esta sociedad, los dos aparecen en la junta directiva como directores.
Menos de dos meses antes que asumiera Liévano como magistrada del TSE, el 4 de junio de 2014, el Registro Público de Panamá inscribió a la sociedad Molsa Holdings Dominicana Inc., en la cual Adolfo Salume y Sonia Liévano son directores de la junta directiva.
La última sociedad creada por Salume y Liévano, de la cual informatvx.com tiene registro es Molsa Holdings El Salvador, inscrita el 22 de octubre de 2015. En ella, Adolfo Salume aparece con los cargos de director/presidente y director/tesorero, mientras que Sonia Liévano es la directora/secretaria.
informatvx.com se trato de comunicar con la funcionaria para saber, ¿si este tipo de vinculación no afecta su independencia al momento de tomar las decisiones en el Tribunal Electoral? Lo anterior por los precedentes de sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Sala en contra de funcionarios de segundo grado que tenían algún vínculo con los partidos políticos, pero al cierre de este reportaje no respondió a las llamadas realizadas ni a un mensaje de WhatsApp enviado a su número personal.
El caso de Liévano y el caso de Salomón Padilla
Menos de un año antes de que Liévano fuera nombrada como magistrada suplente de Ulises Rivas, los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituyeron a su compañero, y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla. El argumento: tener vínculos con el FMLN.
Salomón Padilla había asumido el cargo luego de que la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial pasarán varios meses, del año 2012, en conflicto porque la Sala de lo Constitucional invalidó la elección de cinco magistrados propietarios y cinco suplentes de la Corte Suprema de Justicia por considerar que los diputados no habían comprobado la honradez y la competencia de los nuevos funcionarios.
A pesar de la sentencia, en un acto que más parecía un mitin partidario, los nuevos funcionarios asumieron sus cargos en una tarima improvisada junto a las máximas autoridades de las fracciones legislativas, a excepción de ARENA. Entre ellos, se encontraba Ovidio Bonilla, quien había sido nombrado como miembro de la Sala de lo Constitucional y presidente de la CSJ.
Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se negaron a reconocerlo y nombraron a Florentín Meléndez como presidente interino del Órgano Judicial hasta que la Asamblea Legislativa acatará la sentencia.
Meses después, los diputados volvieron a juramentar a los magistrados, en cumplimento con la resolución de inconstitucionalidad, pero esta vez dejaron a Salomón Padilla como miembro de la Sala de lo Constitucional y como presidente del Órgano Judicial.
Pero en octubre de 2013, sus colegas de la Sala resolvieron que el nombramiento de Padilla era inconstitucional. Antes de ser nombrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Padilla se había desempeñado como gerente de Alba Petróleos, una empresa pública-privada creada por algunas alcaldías gobernadas por el FMLN y capital venezolano. “es obvio que su cargo (como presidente de la CSJ) es absolutamente incompatible con toda actividad de orden partidista», argumentó la Sala.
Previamente en 1997, Padilla se había desempeñado como asesor jurídico de la alcaldía de Ciudad Delgado, gobernada por el partido de izquierda. Tres años después, comenzó a trabajar como gerente legal en la comuna de Soyapango, también administrada por el FMLN.
“Por la misma confianza, ante mis oficios también se constituye la Sociedad de Economía Mixta Alba Petróleos (…) He participado en la construcción (…) de Alba Petróleos (…) el hecho de haber estado como asesor en ENEPASA o como gerente legal en la misma Alba Petróleos de El Salvador implica ciertamente que la dirigencia tiene confianza en mi persona… ¿Y para qué negarlo? Si es que ideológicamente yo me identifico con la forma de pensamiento que tiene el FMLN…», dijo Salomón Padilla, el 22 de septiembre de 2012, durante la entrevista televisiva de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. Este extracto de sus declaraciones fue utilizado como prueba por los abogados que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad en contra del ahora exfuncionario.
En adelante, la Sala de lo Constitucional declaró inválidas las elecciones de funcionarios de segundo grado elegidos por la Asamblea Legislativa, ya no solo por una afiliación partidaria formal o legal. Cualquier declaración o participación en un acto de un instituto político serviría para declarar que no eran funcionarios independientes.
Uno de ellos fue Tito Edmundo Zelada, quien era el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. La elección de este funcionario fue invalidada por la Sala, en abril de 2015, por considerar que la Asamblea Legislativa no verificó antes la vinculación partidaria de Zelada. Una de las pruebas presentadas por los demandantes contra el expresidente del CNJ, y que fue aceptada por la Sala, era un archivo de video que registró declaraciones hechas por Zelada posterior a su elección en donde se declara a favor de la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Cerén de cara a los comicios electorales de 2014.
“En el evento realizado el 30-VII-2012, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, el abogado Zelada Mejía aprovechó su intervención para solicitar el apoyo a la candidatura del actual presidente de la República, a partir de presuntas expresiones proferidas por el referido profesional, las cuales consideran una muestra de dependencia ideológica y plena inclinación hacia cierto partido político”, señalaba la demanda.
Posteriormente, este tipo de argumentación ha servido para separar de su cargo, de manera cautelar, a Ulises Rivas como magistrado propietario; y ha servido para que Sonia Clementina Liévano de Lemus ejerza la titularidad en el TSE.
En una entrevista publicada el 20 de marzo de este año, en La Prensa Gráfica, Liévano aceptó que es de pensamiento de derecha, pero dijo que no por eso iba a ocasionar algún fraude al interior del órgano colegiado.
Pero como se ha detallado anteriormente, la actual funcionaria tienen vinculación con el secretario general de Democracia Salvadoreña, Adolfo Salume, a través de las sociedades inscritas ante el Registro Público de Panamá.
DS es un partido que sigue vivo legalmente, a pesar de que no tiene ninguna representación en por lo menos un consejo municipal plural o en la Asamblea Legislativa. Lo anterior se debe a que en las elecciones legislativas y municipales de 2015, este instituto logró una diputación suplente por el departamento de Sonsonate en coalición con el PCN.
Sin embargo, un año después, la Sala de lo Constitucional invalidó a los 84 diputados suplentes por señalar que no habían sido elegidos directamente por los votantes y mandó a la Asamblea Legislativa a estipular un mecanismo para que los ciudadanos eligieran también a los legisladores suplentes.
Pero hasta el momento, Democracia Salvadoreña sigue legalmente inscrito ante el TSE, porque el plazo para la cancelación de los partidos políticos finalizó antes de que la Sala emitiera esta sentencia.
“Esa resolución es tan contradictoria porque inhabilita a los funcionarios electos por el pueblo como diputados suplentes, pero no mandó a cancelar las credenciales de los diputados siguen vigentes…ninguna resolución de inconstitucionalidad ha dicho que esas credenciales quedaban invalidadas”, señala Rivas.
La semana pasada, Rivas junto a Salomón Padilla en representación de 34 exfuncionarios, entre ellos los 31 legisladores suplentes del FMLN y Tito Zelada; viajaron a Washington para presentar una demanda contra la Sala de lo Constitucional por considerar que los magistrados de dicha instancia han violado los derechos civiles y políticos al invalidar sus nombramientos.
