Los criterios de la Sala constituyen barreras contra el IAIP: Cárcamo

El Instituto de Acceso a la Información Pública es la entidad que busca transparentar el funcionamiento de todos los organismos del Gobierno, ya sea económicamente o en la toma de decisiones.

El Comisionado René Cárcamo es propietario representante del sector de universidades a partir del 7 de junio de 2017. Previamente fungió como Delegado Departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Jefe de la Unidad de Documentos Mercantiles en el Registro de Comercio, Miembro propietario del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, Asesor de la Fiscalía General de la República y Consultor independiente en materia de legislación mercantil. Es especialista en materia de derechos de consumo y régimen de protección a los consumidores. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades.

Mediante una entrevista realizada al comisionado cárcamo, conoceremos sobre la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en octubre de 2017, donde según el instituto es una forma de frenar el acceso a la información.

 

 ¿Cuál ha sido la mayor limitante durante el tiempo de funcionamiento del IAIP?Primero concientizar sobre el contenido de la ley y hacer comprender que la misma obliga a la administración pública a ser transparente. Tratar de concientizar ha sido difícil porque el IAIP nace sin un presupuesto, se pasaron casi 8 meses sin salario.

En la actualidad, aunque el presupuesto existente es limitado, el mismo instituto ha demostrado cómo ha sido la utilización de los recursos, en aras del compromiso que se tiene con la ciudadanía.

¿Quiénes son las personas que se ven beneficiadas con la labor del IAIP?

La misma ley de acceso a la información pública determina que todo funcionario o servidor público está obligado a cumplir la ley también señala que todas aquellas entidades que reciben fondos del Estado deben poner a disposición información al público.

El pasado 23 de octubre, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió una resolución en donde a través de 3 factores busca “impedir”, según el IAIP, el acceso a la información pública. El 1° de ellos es el referente a aspectos “superfluos” de un funcionario o de una institución. ¿En qué consiste dicho factor?

Para nosotros los criterios que emitió la Sala constituyen barreras contra el instituto, contra los ciudadanos, y su derecho de poder acceder a la información pública. En el caso de aspecto superfluo, significa algo sin importancia, pero en este caso es relativo. Por ejemplo, para algunos ciudadanos de cierto municipio un proyecto puede ser relevante por tratarse de su localidad, pero para otros no es importante por estar fuera de su zona geográfica.

En casos concretos, el uso de carros nacionales o compras que hace el Estado, por más mínima que sea, ha usado fondos públicos, por lo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer de qué forma se usan los recursos gubernamentales.

¿Existe el deber en cada funcionario público de informar, aunque exista cierto “desinterés”, por distintos sectores de la sociedad?

Sí, de hecho, puede que a un ciudadano no le interese equis pero a otro sí. Un lápiz, un lapicero que se compre con el bolsillo de un funcionario, está bien pero si sale de las arcas del Estado (impuestos) la ciudadanía está pendiente que ese dinero que se está utilizando y le gusta saber en qué se utilizan esos recursos.

El segundo aspecto, según la sentencia de la Sala, dice que busca afectar las funciones de una institución. Este criterio cae en la discrecionalidad, porque si el funcionario considera que la información le impide el desarrollo normal de las labores de la institución, puede no brindarla pero esto iría en contra de los estándares internacionales porque viene relacionado con la gestión documental, toda institución pública está obligada a un buen manejo de esta gestión.

Si usted lleva ordenada la casa, no tendría problema con cualquier petición de información que la ciudadanía realice. Ejecutar este aspecto sería buscar un pretexto para no divulgar la información cuando de repente hay entidades que sí cuentan con los recursos para brindar la información.

Comentaba usted que el funcionario puede no brindar la información, si esta interfiere con el normal funcionamiento de dicha institución: ¿con qué criterio el IAIP decide cuándo una información es confidencial o no?

La Ley señala y establece ciertos artículos que establecen cuándo una información debe ser reservada (art. 19) y además la misma establece que en un plazo de 7 años puede ser divulgada. En el caso de la confidencial, es preferible que mantenga su condición, porque son pensamientos propios, estados de salud, por ejemplo. En ese sentido la Ley es clara en cuanto a definir qué es información reservada y confidencial.

Art. 19.- Es información reservada: a. Los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 168 ordinal 7º de la Constitución.

  1. La que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública.
  2. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país.
  3. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
  4. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.
  5. La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes.
  6. La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.
  7. La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero.

 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.

 

¿Existen dependencias o instituciones a las que ustedes no puedan intervenir?Como mencionaba antes, después de seguir un proceso se ordena compartir la información que se está solicitando, independientemente sea un administrador público o municipal.

 El tercer aspecto menciona que no se debe compartir información cuando la institución ha estado bajo otros titulares, ¿cómo interpreta el IAIP este punto? Es un punto bien delicado, porque digamos si en otro período se ha cometido mal manejo o utilización de recursos públicos inapropiadamente, o sea ¿al terminar la gestión, el instituto pierde las facultades para solicitar información?

Ese es el criterio que ha emitido la Sala en esta sentencia: de no compartir la información durante la gestión a funcionarios anteriores al período actual, si un funcionario ha desempeñado un cargo, entonces su responsabilidad es dejar documentado todas las acciones y decisiones que realizó en ejercicio de sus atribuciones como servidor público. Esto vuelve al tema de un buen manejo de la gestión documental, donde efectivamente todas las acciones y decisiones deben quedar respaldadas; al no documentar significa que sus actuaciones fueron con cierto grado de arbitrariedad, estos tres factores para el Instituto significan un riesgo, para la información pública.

Un ejemplo podría ser la alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán, donde dicen que no se puede generar información cuando la misma persona ha fungido por varios años el puesto de alcaldesa…

¿Considera el IAIP importante trabajar de la mano con el gremio periodístico?

Sí. Hay que mencionar que durante este tiempo, el sector que más ha utilizado la Ley es el gremio. Además, nosotros sabemos el compromiso que tienen los medios de comunicación de informar a la población sobre los recursos públicos y de la labor que realiza este instituto. Si el IAIP no tuviera la ayuda del gremio periodístico la ciudadanía no tuviera la credibilidad que tiene en nosotros.

¿Qué metas tiene el Instituto para el 2018?

Bueno, en 1° lugar es acercarnos más a la ciudadanía, a través de nuestros servicios y funciones en beneficio de la población. Trabajar con plataformas tecnológicas para toda la población, incluso a los que están alejados de la capital.

Mejorar la gestión documental dentro de entidades que funcionan con recursos públicos. El reto en esto, algo que la ley señala es la protección de datos personales. Es un compromiso porque los datos personales contenidos en bases de información no tienen el debido cuidado y custodia, pero ya se está trabajando con entidades que manejan este tipo de información.

¿Qué tipo de ciudadanos pueden solicitar información pública?

Cualquier ciudadano lo puede hacer. Tiene la facultad de hacerlo, incluso a través de la página web y vía teléfono, el instituto se está abriendo. A finales del año pasado se hizo un nuevo sitio gracias a la cooperación internacional que busca hacer más ágil el proceso.

 

 

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