El Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén llega a su tercer año. En el balance que ha presentado del área económica, destaca que ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto en un 2.4 %, en el 2016. Los sectores que más han crecido son el sector agropecuario con un 4.6 %, construcción 2.3 %, la industria manufacturera 2 % y el químico farmacéutico 3.7%.
El Gobierno indica que en el último año la inversión extranjera directa ascendió a $1,303 millones y la inversión del sector privado fue de $3,078.8 millones. Mientras que la inversión del sector público en la infraestructura logística y conectividad supera los $200 millones.
A pesar de ello, para el economista Luis Membreño, el crecimiento que ha tenido el país no es suficiente porque comparado con el resto de países de la región, El Salvador sigue rezagado.
“El crecimiento económico se ha mantenido muy bajo en las dos administraciones, la anterior y esta (…) Pero después de que la crisis ya pasó en el mundo y que ahora estamos viendo un repunte de los crecimientos de muchos países, El Salvador no lo logra, porque no tiene las condiciones, el énfasis las políticas, no tiene los funcionarios que actúen en ese sentido, que atraigan inversiones”, expresa Membreño.
Para el presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas (Colproce), Alfonso Goitia, el énfasis de las políticas públicas no solo debe ser generar las condiciones para el crecimiento económico, sino cómo se disminuye la pobreza a través de programas sociales.
“No se trata de crecer por crecer, hay que crecer para resolver las necesidades de la mayoría de la gente, o sea, no solo es un crecimiento para mostrar que hemos crecido a una tasa de 5 % y todo está concentrado en un grupo que se enriquece de eso”, señala Goitia.
Según un estudio de OXFAM, publicado en 2015, señala que en El Salvador 160 salvadoreños acumulan más de 21,000 millones de dólares, lo equivalía en ese momento al 87 % del PIB.
El Gobierno dice que ha combatido la desigualdad en el último año, ya que la pobreza se ha reducido en un 2%. Actualmente, hay más de dos millones de personas que viven en condición de pobreza, la cual en el año 2015, según la última encuesta del Ministerio de Economía, representaba al 34.9 % de la población.
Las cifras del Gobierno señalan que el costo de la canasta básica se redujo entre dos y seis dólares; y la capacidad adquisitiva de más de 200,000 empleados ha mejorado con el incremento al salario mínimo aprobado a finales del año pasado.
Por otra parte, señalan que en estos tres años se han generado más de 33,000 empleos. Solo en el último año, el presidente Salvador Sánchez Cerén asegura que se han generado más de 6,000 nuevos empleos.
Sin embargo, según un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), de noviembre de 2016 a marzo de 2017 se han perdido 33,100 empleos. La fundación afirma que estos datos fueron obtenidos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las empresas.
En la rendición de cuentas del gabinete económico, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, señaló que muchas empresas no presentan las planillas completas de sus empleados ante el ISSS o están atrasadas con el pago de las cotizaciones.
La crisis de las finanzas públicas
Según el Gobierno, lo que está en crisis son las finanzas públicas. Desde octubre de 2016, el Gobierno ha caído en una espiral de impago. Tanto así que en abril pasado, el país fue bajado de clasificación a nivel internacional. De clase CCC- pasó a SD (Default Selectivo), luego de retrasarse en pagos relacionados con el sistema previsional.
Hasta marzo de este año, según datos del Banco Central de Reserva, la deuda pública histórica era de $17,787.40 millones. Solo este año, el Gobierno debe pagar en concepto de deuda $1,606, 585,533; lo cual representa más del 32 % del Presupuesto General de la Nación de este año.
Sin embargo, los ingresos que tiene el Estado no son suficientes para financiar el presupuesto —ya que por año necesita recaudar no logra recaudar más de 800 millones de dólares—. A eso se le llama déficit fiscal. Para corregir la situación, el Gobierno tiene dos alternativas: Impuestos o a más préstamos.
Pero al Gobierno le ha sido difícil reducir su déficit fiscal a través de estas dos vías, porque la Sala de lo Constitucional le ha bloqueado cerca de mil millones de dólares en deuda. Por otra parte, también declaró inconstitucional el cargo del 13% a la energía eléctrica, el impuesto del FONAT, entre otras formas de sostenimiento de las finanzas públicas.
Además, desde el año 2015, el Ejecutivo perdió la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Para aprobar más préstamos necesita de los votos del partido ARENA, quien se ha negado apoyar con el argumento que la actual administración hace un uso ineficiente de los recursos y que no cumple con el acuerdo fiscal aprobado a finales del año pasado.
“El problema de impago tiene un origen y es: El desorden fiscal recurrente. ¿eso qué es? Un exceso de gasto que el Gobierno ha sostenido y´¿por qué ese exceso de gasto no hizo crisis antes? Porque el Gobierno en el camino fue combinando dos factores : Más impuestos y más deuda”, señala Rafael Lemus.
Según el Gobierno, la deuda pública del país es estable. Esta representa el 46.2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que pone en verdaderos aprietos a las finanzas públicas es la deuda de pensiones— heredada de la privatización realizada por el expresidente Armando Calderón Sol—.
En 1998, las personas que tenían menos de 35 años obligatoriamente tenían que pasarse al nuevo sistema, los que tenían entre 36 y 55 años tenían la opción de ingresar al privado o quedarse en el público y los que estaban arriba de 56 solo se podían jubilar en sistema anterior.
En el 2006, las reservas que tenía el Estado para el pago de pensiones se acabaron ya que el número de cotizantes se había reducido con la privatización y el número de jubilados había aumentado. En ese año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales, la cual permitió a los Gobiernos tomar fondos de las AFP en concepto de préstamo para pagar las pensiones del anterior sistema. Desde ese año hasta la actualidad, se han utilizado un poco más de $5,000 millones de dólares de esos fondos.
“Desde hace cerca de 20 años, los organismos financieros internacionales ponían la nota de atención de que las rebajas impositivas que había hecho el presidente Cristiani y las que había hecho el presidente Calderón estaban dejando a las finanzas públicas en una situación complicada. Después se privatizó el sistema de pensiones, pero se privatizó de una manera que le dejaba cargas al Estado que en el sistema de repartos no hubieran sido las mismas. Y después se fueron agregando ventajas a los pensionados de manera poco responsable”, expresa el exministro de Economía, Héctor Dada.
Para superar esta situación, actualmente en la Asamblea Legislativa existen cuatro propuestas para reformar el sistema de pensiones. Las dos que tiene más peso técnico son la del Gobierno y la del sector privado.
La propuesta del Ejecutivo quiere un sistema mixto con la promesa de que los jubilados tendrán una mejor pensión, además de darle una alivio a las finanzas pública. De manera obligatoria, los que ganen el equivalente a dos salarios mínimos, tendrán que pasarse a un sistema de pensiones público.
“¿Cuál es el problema con los sistemas de reparto? Que están diseñados para hacer ajustes en el tiempo y aquí no se han hecho; y si se empiezan a cambiar los flujos, tienen que ir cambiando los parámetros de edad, tienen que ir subiendo las cotizaciones y aquí no se hace; y si no se hace, termina en un desequilibrio financiero y después se hace económico”, plantea Rafael Lemus, quien actualmente asesora en este tema a la fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa.
La otra propuesta es que las pensiones sigan manejadas por las AFP. En esta, la cotización aumentaría del 13 % al 15 %; de este, el 5 % iría a un fondo para garantizar una pensión vitalicia, algo que reduciría el monto de la pensión.
Actualmente, cuando lo ahorrado en el sistema privado por un pensionado se termina, este tiene que ir al Estado para tramitar una pensión que sale de los fondos públicos.
Luis Membreño sugiere que se debe hacer una reforma al sistema de pensiones que permita a los empleados decidir si quieren cotizar en el sector privado o en el público.
Para el presidente de Colproce, una reforma al sistema previsional debe contener cuatro ejes fundamentales: “Ampliar la cobertura de las pensiones, mejorar las pensiones para los trabajadores; establecer el marco de sostenibilidad de las pensiones a futuro,y resolver el problema fiscal del Gobierno”.
En julio próximo, el Gobierno tiene que pagar más de 44 millones de dólares de la deuda de pensiones. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya advirtió que si ARENA no da sus votos para más endeudamiento, se tendrán que hacer más recortes en áreas como la educación, seguridad y salud; tal cual se hizo en abril pasado.
