El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en conjunto a la organización Cristosal, presentó un sondeo de opinión en el que se recogen las apreciaciones de los salvadoreños sobre el desplazamiento forzado por la violencia.

Según Rina Montti, de Cristosal, la encuesta reflejó que los salvadoreños consultados ven necesaria la creación de una legislación que contemple sanciones a las personas que obligan a otras a abandonar sus hogares, además de crear programas de atención integrales para las víctimas.

“Se hizo un análisis exponencial a las personas adultas, esto señala que son más de 235 mil personas las que se desplazaron durante el 2018”, dijo Montti.

De acuerdo con los datos de la encuesta, el 5.2% de los salvadoreños reportó desplazarse de sus hogares por razones de inseguridad.

Asimismo, la encuesta apunta a que el 5.8% de la población tiene un familiar o conocido menor de edad que tuvo que cambiar de escuela por «amenazas» u otro hecho de violencia.

Según los datos de Cristosal, dicho porcentaje representa a más de 122,000 niños y adolescentes que tuvieron que cambiar de centro de estudios por la criminalidad.

Montti detalló que del total de personas desplazadas, el 63.8 % considera salir del país, y el 36.2 % no desea hacerlo. «El 36.2 % de personas se plantea una reubicación interna; eso es una oportunidad de oro tanto para las personas que en primera instancia no están considerando irse, como para el 63.8 % que dice que la opción que tienen es migrar».

Por otro lado, según los salvadoreños encuestados (75%), las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno han servido poco o nada en la recuperación de los territorios controlados por las pandillas.

De igual forma, el estudio de opinión también reveló que los salvadoreños manifestaron solidaridad hacia las víctimas de desplazamiento forzado causado por violencia, ya que el 51.5 % de los encuestados afirmó que aceptarían en sus colonias o comunidades a personas que huyen de la violencia.

Por su parte, Cristosal presentó en agosto de 2018 a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para «garantizar y hacer efectivos» los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento forzado, causado principalmente por las pandillas.

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