Con 76 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, a fin de garantizar el desarrollo de los menores.

Esta nueva política que contiene más de 300 artículos, fue admitida en la sesión plenaria número 61, y busca reconocer la problemática de la primera infancia para lo cual el Estado en su conjunto respaldará el fortalecimiento de competencias parentales, como medio para asegurar una nueva ciudadanía social que contribuya al desarrollo sustentable.

“La Ley Crecer Juntos, responde a las necesidades actuales de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Ahora, contarán con un marco normativo que garantice el respeto de sus derechos”, indicó la diputada de Nuevas Ideas Suni Cedillos.

La Ley busca proteger, teniendo además como base la importancia del enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos, además obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.

“No podemos seguir perdiendo generaciones, porque por dos dólares al día muchos jóvenes sirvieron de ‘postes’ para alertar pandilleros”, expresó la diputada Suecy Callejas, presidenta de la Comisión de la Familia.

Además, indicó que por primera vez se definirá el término de la primera infancia, asegurando que la Ley establece garantías desde el instante de la concepción.

Luego de aprobada la normativa, se creará el Instituto Crecer Juntos, con énfasis en la atención de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir los cuatro años y formará parte del Sistema Nacional de Protección. Para efectos presupuestarios, se relacionará a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Sus funciones primordiales serán la articulación y provisión de los servicios de atención integral para niñas y niños en su primera infancia; el fortalecimiento familiar para la generación de habilidades parentales y la generación de alianzas estratégicas que promuevan su desarrollo integral.

Por otro lado, gracias a esta ley el Estado instalará los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que serán de carácter público y gratuito, para la atención de niñas y niños desde los 45 días de nacidos.

De igual manera, las municipalidades instalarán al menos un CAPI de carácter, pero podrán ofertar sus servicios a las empresas privadas o instituciones públicas que lo soliciten, las cuales pagarán la cuota respectiva.

El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia será la institución responsable de coordinar el procedimiento para la autorización de los CAPI y de llevar el registro público de dichos centros.

 

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